La Ley de Memoria Histórica hizo una declaración de ilegitimidad pero dejó fuera la anulación de las causas
?La aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 reabrió el debate sobre las posibilidades de anulación de las sentencias y condenas franquistas. Pero su articulado recogió una declaración general de ilegitimidad e injusticia de tales sentencias, así como de los órganos que las dictaron (artículos 2 y 3), a lo que hay que sumar la posibilidad de solicitar del Estado español una declaración personal de reparación y reconocimiento personal por parte de quienes sufrieron tales procesos (artículo 4). Sin embargo, aclaran en la ARMH, en ningún momento de su articulado la Ley abrió la puerta a la anulación de tales procesos, lo que hace que «las víctimas y sus familiares sólo puedan recurrir a los tribunales para conseguir allí lo que el legislador español sigue negando: la rehabilitación jurídica de quienes sufrieron sentencias y condenas por razones ideológicas y con manifiesta vulneración de sus derechos de defensa y al proceso debido».
Hasta la fecha la respuesta de los tribunales españoles a las peticiones de revisión ha sido negativa. «Exigiría la declaración de nulidad por parte bien del legislador bien de los tribunales de tales sentencias. Mientras esto se produzca, permanecen como monumento a la infamia y prueba de los restos del franquismo que aún perduran en la democracia española», critican desde la asociación.
Ante la negativa del Tribunal Supremo, algunas víctimas también recurrieron en amparo ante el Tribunal Constitucional. No obstante, en la mayoría de los casos la respuesta de ambos tribunales ha sido negativa, explican fuentes del colectivo surgido en el Bierzo.
El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que promovió la Ley de Memoria Histórica de 2007, desestimó la anulación de los juicios políticos y sentencias del franquismo alegando que es «un imposible jurídico».
«En un sistema democrático no hay mayor sanción que la declaración de ilegitimidad que ya está recogida en la Ley. No hay acto más solemne y más simbólico y emblemático que aquel que se aprueba en el Parlamento», argumentaba el entonces ministro de Justicia, Francisco Caamaño. A su juicio, «políticamente no existe declaración más significativa que la hecha por las Cortes». De nuevo, una vez más, la causa general ha vuelto al debate político.