MEMORIA HISTÓRICA EN EL BIERZO
Los 2.905 juicios de la represión
La creación de una Comisión Interministerial para conmemorar el 80º aniversario del exilio abre la puerta a la anulación de las causas «ideológicas» abiertas entre 1936 y 1951 en el Bierzo La ARMH ha hecho un estudio de los casos en la comarca.
m.c.cachafeiro | ponferrada
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) solicitará al Gobierno la anulación de 2.905 causas judiciales que aún están vigentes en el Bierzo de la época franquista y alrededor de otras 150 de bercianos que fueron abiertas por otras jurisdicciones militares de Valladolid, Asturias, Navarra u Orense.
Aprovechando que el pasado mes de noviembre se constituyó la Comisión Interministerial para la Conmemoración del 80º aniversario del exilio republicano español, asociaciones como la ARMH, que han venido reclamando desde su creación esa anulación, ven ahora una nueva oportunidad, a lo que se suma el debate en el propio Congreso de los Diputados por iniciativas como la de Esquerra Republicana de Cataluña.
En principio, con esa Comisión Interministerial, el Gobierno persigue un triple objetivo, según el comunicado de Moncloa: realizar un reconocimiento oficial a los miles de exiliados y exiliadas españolas que huyeron al finalizar la Guerra Civil, rendir tributo a sus países de acogida y abrir al gran público la realidad del exilio.
En ese listado de 2.905 juicios, rescatado por miembros del colectivo nacido en el Bierzo en el fondo documental que corresponde a la provincia de León en el Archivo Militar del Ferrol, figuran todo tipo de delitos, aunque priman sobremanera los de rebelión, evasión, desaparición de filas, adhesión a la rebelión, auxilio a huidos y encubrimiento. En el largo listado también hay algunos, los menos, por homicidios, robos o atracos.
La ARMH considera que todos ellos son «ilegales» por cuanto respondieron a una persecución por razones ideológicas. La mayoría de las causas se abrieron en los años de la Guerra Civil aunque también las hay de la represión posterior de los años 40 del pasado siglo, hasta el año 1951. Incluso hay una de 1961.
Según explica Marco González, de la ARMH, en el Bierzo la represión fue «brutal» tras el estallido de la contienda el 18 de julio de 1936. «El 19 y 20 de ese mes, el Bierzo era ya zona franquista y lo que vino después fue una gran depuración por razones ideológicas, cárcel y penas de muerte», insiste.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 16 de noviembre la creación de esa Comisión Interministerial que se encargará de los actos de conmemoración del exilio republicano español sobrevenido tras la Guerra Civil y la instauración de la dictadura franquista. Efemérides de la que en 2019 se cumplen 80 años.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, justificó su puesta en marcha en la necesidad de rendir homenaje a los miles de españoles que tuvieron que huir a diversos países, particularmente, Francia y México.
La primera reunión estuvo presidida por la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, a quien corresponde la presidencia de la Comisión, y por el director general para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, Fernando Martínez, en calidad de vicepresidente. Acudieron también representantes de los ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad; de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de Defensa; de Cultura y Deporte; de Educación y Formación Profesional; de Ciencia, Innovación y Universidades; de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
En el Congreso también se ha abierto otra vía. Según han explicado fuentes de la dirección del Grupo Socialista al periódico digital Infolibre, existen posibilidades de un acuerdo con ERC que declararía «ilegales» los tribunales de excepción franquistas y por tanto, «nulas» todas las condenas que dictaron por razones políticas (no aquellas, por tanto, contra reos comunes). En el PSOE no prevén una avalancha de reclamaciones, puesto que gobiernos anteriores ya repararon a las víctimas de la contienda y de la dictadura. Joan Tardà llegó a afirmar que su propuesta había sido consensuada con el PSOE. Desde el entorno de Adriana Lastra se asegura que el acuerdo existe, aunque añaden que introducirán modificaciones sobre la redacción presentada si creen que con ello se «mejora» el texto final.
Paradaseca, una de las localidades de la comarca que más se repite en el listado de causas. ANA F. BARREDO