El Contencioso admite el recurso para que la oposición tenga medios

El acceso de los grupos de oposición a personal de confianza para su trabajo municipal llegará a los tribunales después de que la mayoría de gobierno rechazase ayer un recurso de reposición presentado por PP, PRB, USE y CS. Según se reveló en el Pleno, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León ya ha admitido a trámite el recurso y será, por tanto, quien decida si los grupos tienen derecho, del mismo modo que se aprobó personal para Podemos y CB con los mismos concejales, dos.

Tras advertir el portavoz del PRB del riesgo de que exista un delito de prevaricación en la decisión del alcalde, Tarsicio Carballo definió lo que está pasando como «un atropello». «Si hay dos grupos que lo tienen, los demás también tenemos derecho», enfatizó para reclamar una persona de confianza para cada grupo de la oposición con dos ediles.  

En la misma línea, Samuel Folgueral (USE) recordó que se trata de un «decisión injusta» ya que ha violentado nada menos que derechos fundamentales. «Aquí hay grupos que tienen dos concejales y no disponen de personal. Ahora será un juez quien decida quien tiene razón», insistió Ruth Morales por Ciudadanos.  

Pedro Muñoz, pese a votar entonces ese reparto y ayer rechazar el recurso, terció en el debate para mostrar su apoyo a que todos los grupos tengan personal a su servicio si así lo establece un reglamento, tanto para el equipo de gobierno como para la oposición en función del número de concejales. «Nos tenemos que poner a ello», añadió Muñoz, también para acabar con la polémica que siempre rodea el reparto de personal de confianza cada cuatro años.  

Recogiendo el testigo, el propio Marco Morala recordó que existe un «agravio comparativo» con lo que está pasando en el Ayuntamiento de León o en la Diputación, donde con gobiernos socialistas la oposición tiene su propio personal de confianza.  

En cambio, el PSOE fue más duro en su respuesta, defendiendo el criterio del pleno del pasado mes de junio en el que se aprobó el actual reparto. Su portavoz, Mabel Fernández, recordó que la decisión tuvo entonces el visto bueno de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Como último intento, la portavoz de Ciudadanos planteó retirar el punto del orden del día y buscar una solución, lo que evitaría que el tema se decida en los tribunales, a lo que no accedió el equipo de gobierno.  

«Igual está mejor judicializado para que nos diga lo que tenemos que hacer», insistió Muñoz.  

Olegario Ramón cerró el debate con ironía al considerar que sea ahora el PSOE quien vulnere derechos fundamentales después de 24 años de otros partidos en el poder. Desveló que planteó al PP una dedicación exclusiva o dos parciales que Morala rechazó por solidaridad con el resto de grupos.  

Podemos no tomó la palabra.