Ramón anuncia el fin de Pongesur y la creación de un organismo de vivienda

La sociedad urbanística que propició «la creación semifallida de un barrio» como el de La Rosaleda, con grandes parcelas sin edificar después de dos décadas, sin apenas equipamientos públicos, más allá de la iglesia blanca en el centro, y con seis sentencias judiciales en contra por la adjudicación de suelo sin respetar los principios de publicidad y libre concurrencia y la escasez de zonas verdes; la empresa municipal que hizo posible la llegada de una gran superficie comercial «en la misma ciudad», para disgusto de los comerciantes del centro, además de la desaparición de la montaña de carbón, en una operación que generó tanto polvo como polémica política con la entonces oposición socialista, o la construcción del rascacielos más alto de Castilla y León; «el germen de los males» que acechan al Ayuntamiento, en opinión personal del alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, tiene los días contados.

El regidor socialista compareció ayer junto a la concejala de Hacienda, Mabel Fernández, y el de Urbanismo, Pedro Fernández, para anunciar de forma solemne que Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur) abordará su disolución en la próxima Junta General de Accionistas convocada para este jueves, antes de que los concejales ratifiquen en una sesión plenaria en enero el fin de una herramienta de gestión creada en los años de Ismael Álvarez al frente de la Alcaldía y que finalmente, insistió Ramón, ha hecho «todo lo contrario de la razón por la que había nacido», que era corregir los desequilibrios sociales en el sector de la vivienda en plena burbuja inmobiliaria.

Y en contra de lo que se había dicho hasta ahora —no es la primera vez que una corporación se plantea disolver una sociedad prácticamente sin actividad tras el fin de la burbuja—, el fin de Pongesur «no tendrá coste» para el Ayuntamiento, insistió el alcalde. No lo tendrá porque el equipo de gobierno sustituirá la empresa por «un organismo especializado sin personalidad jurídica propia» para gestionar desde el Ayuntamiento el suelo público —parcelas para más de medio millar de viviendas en La Rosaleda y Compostilla, sobre todo, con un valor estimado de 40 millones de euros— y la política de vivienda, añadió Ramón.

El Ayuntamiento, recalcaron el alcalde y la concejala de Hacienda, no deberá afrontar el pago de IVA de los terrenos al disolver Pongesur —una cifra que superaría los ocho millones de euros— porque el pago del impuesto solo se activará en el momento en que el nuevo organismo interno que todavía no tiene nombre comience a operar con el suelo y la propiedad de los terrenos cambie de mano. Mabel Fernández no dejó de afirmar que una sociedad como Pongesur, que «esquivaba el derecho administrativo», propició «operaciones poco claras».

El organismo sin personalidad jurídica diferenciada del Ayuntamiento será el encargado de recuperar la gestión municipal en materia de vivienda. «Que se cierre Pongesur no significa que el Ayuntamiento de desentienda de la vivienda, sino todo lo contrario. Servirá para frenar un sistema especulativo», afirmó el concejal de Urbanismo, dando paso a políticas «de vivienda colaborativa, cooperativas de viviendas, pero no al uso», proyectos de alquiler social que se centren en los jóvenes y nuevas fórmulas para que los mayores, en una ciudad que envejece demasiado rápido, se unan para convivir en sus propias residencias particulares. El objetivo, subrayó Pedro Fernández, es «abaratar los precios». El organismo de vivienda contará con un gerente y Ramón reconoció ayer que el equipo de gobierno todavía no ha elegido a la persona que se encargará de dirigirlo. El proceso de disolución de Pongesur y de creación del nuevo órgano llevará «varios meses», advirtió el alcalde.