Lourido pide agilizar la protección de víctimas de violencia de género

La jueza decana del Palacio de Justicia de Ponferrada, Ana María Lourido, hizo ayer balance del último año judicial, en el que se han incrementado los asuntos civiles, principalmente por el aumento significativo de los procesos monitorios por cláusulas hipotecarias y se han estabilizado las causas penales y los asuntos sociales. Lo más llamativo, eso sí, ha sido el incremento de las solicitudes de órdenes de protección por parte de mujeres víctimas de violencia de género, tramitadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5. Han sido 90 —sin incluir las instruidas y resueltas por los juzgados de guardia durante los fines de semana— y se adoptaron 65. También ha aumentado la colocación de dispositivos digitales de control (pulseras). Fueron 15 durante el año y al cierre del ejercicio seguían activos y controlados 9. Un incremento que no se ha compensado con más medios y en eso hizo hincapié la decana.

El problema que se da es la falta personal de ‘cometa’ que se ocupa de la colocación de las pulseras y que, dado el caso, tiene que desplazarse desde el punto de la comunidad autónoma en el que se encuentre hasta Ponferrada, con lo que ello conlleva. «Desde que se da el aviso hasta que se personan en el Juzgado, pueden transcurrir horas», explicó Lourido. Pero ese no es el único inconveniente. Se puede dar otra situación: «Si se acuerda la colocación de una pulsera a primera hora de la mañana y a última hora se acuerda colocar otra, puede darse la situación de que la misma persona tenga que regresar a por el segundo dispositivo y volver a Ponferrada para implantarlo», describió la decana.

Por eso, Ana María Lourido reclamó la búsqueda de soluciones, principalmente de aproximación de los medios técnicos, y apuntó a la posibilidad de fijar en León una delegación de partida para el personal que se encarga de la colocación de las pulseras. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando se pauta su implantación es porque el caso está considerado «especialmente grave» y, por tanto, «requiere una actuación rápida y eficaz.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ponferrada, encargado de los casos de violencia de género, registró 356 entradas por este asunto en el último año. De ellas, 200 fueron diligencias previas, 146 diligencias urgentes y diez asuntos leves. En relación a esta materia, Ana María Lourido destacó que se aprecia un incremento de casos en gente más joven.

CARGA LABORAL DEL 120%

La carga de trabajo en los juzgados de Ponferrada «sigue siendo excesiva», especialmente en el área civil. En algunos de los juzgados de primera instancia e instrucción rondó el 200% en el último trimestre de 2019, mientras que superó el 120% en el resto, incluidos el Juzgado de los Penal y los dos de lo Social.

Las cifras no engañan y, por eso, la jueza decana de Ponferrada sigue reclamando un noveno juzgado. «El partido judicial de Ponferrada se encuentra infradotado en cuanto al número de jueces que lo componen, que sigue siendo claramente insuficiente en comparación con las medias nacional y europea», dijo Ana María Lourido. La primera está en 11,6 jueces por cada cien mil habitantes y la segunda es de 21,2 jueces por cada cien mil habitantes. Mientras tanto, los once jueces del partido judicial de Ponferrada atienden a una población de 123.767 habitantes, una vez que la población ha disminuido de manera importante.

Hacen falta jueces y también funcionarios de auxilio, especialmente desde la puesta en funcionamiento de dos nuevas salas de vistas. «Actualmente hay diez funcionarios de auxilio, pero con la creación de las nuevas salas de vistas se ha hecho más patente la necesidad de contar con dos nuevos funcionarios de auxilio judicial más», apuntó la decana.

Así mismo, el Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 necesita un letrado y un funcionario de refuerzo o, en su defecto, la prolongación de la jornada de dos de los profesionales que ya están en plantilla.

La figura del coordinador parental para procesos de familia de especial conflictividad sigue siendo también una reclamación en materia de personal para dar mejor solución a los problemas.