Asfole insiste en que hay indicios para abrir juicio tras dos archivos
El letrado de la Asociación Forestal de León, la entidad que con sus recursos ha mantenido viva en los juzgados la investigación del incendio de la Tebaida, recordaba estos días una anécdota que explica muy bien el grado de impunidad que rodea a los incendios en el monte; «el día que se tomó declaración a ganaderos y pastores de la zona, y tras finalizar esta, a la salida del juzgado una de las personas que había declarado se dirigió a mí y me claramente; ‘no sé para que me han traído aquí pues lo que venimos es a perder el tiempo, todo el mundo sabe quien provoca esto año tras año, y lo seguirá haciendo mientras no se ponga remedio», asegura el abogado Ignacio Diego.
Tres años después del incendio, y tras dos archivos provisionales de las diligencias previas -en abril de 2017, reabiertas en junio, y en marzo de 2018, reabiertas en agosto- el caso sigue vivo, pero con un latido muy débil. El hombre al que apuntó en su denuncia la asociación Tyto Alba, ganadero en la zona, se acogió a su derecho a no declarar. Y el propio letrado de Asfole reconoce que no todas las declaraciones en la instrucción han ayudado, como ocurrió con uno de los agentes de la Patrulla Verde de la Policía Municipal, que «se refugió en su mutismo», mientras su compañero apuntalaba las conclusiones de los técnicos de la Junta y los agentes medioambientales. También de la Policía Nacional: la regeneración del pasto parece estar detrás del incendio y «el punto de referencia» donde se originó es «un abrevadero de ganado, situado en las proximidades de la carretera que da acceso al pueblo (de Bouzas) y en el que en los últimos 10 años se han venido reiterando cada año entre uno y tres incendios en un radio de 300 metros».
Tras el fuego
Al igual que la asociación Tyto Alba, Asfole resalta que desde el incendio de 2017 «no se han vuelto a producir en la zona ningún de incendio incendio de similares características». Pero encontrar pruebas para sentar a un acusado en el banquillo no está siendo fácil. «Los tres jueces de Instrucción que han pasado por el incendio han buscado en todo momento la prueba directa y eso resulta imposible por la naturaleza del incendio forestal en un medio abierto, despoblado, y alejado de cualquier vía transitada de comunicación», dice el letrado de Asfole.
Que la zona haya sido, año tras año hasta 2017 escenario de incendios y se haya sancionado a al mismo ganadero por pastar su rebaño en zona quemada no parece suficiente. «Los jueces han huido en cualquier caso de la prueba indiciaria, explica el letrado en referencia «a la reiteración año tras año de conatos de incendios en la misma zona».
La prueba indiciaria, añade, «constituye en el caso del incendio forestal provocado, un elemento suficiente para imputar al investigado en cuanto que se cumplan los requisitos: que se traten de verdaderos indicios, datos objetivos concretos, no sirven conjeturas o sospechas; que sean varios los indicios, uno no es suficiente; que estos indicios estén probados por prueba directa; y que de estos indicios se infiera a través de un procedimiento deductivo lógico racional que deben estabilizarse los hechos que se pretenden acreditar».
Y recuerdan desde Asfole que «la teoría de la imputación mediante indicios para incendios forestales, se encuentra avalada por el Tribunal Constitucional en sentencia de 28 de septiembre de 1998 y por el Tribunal Supremo 5 de julio de 1996».