La Junta aguarda un informe sobre el traslado de estériles, pero augura que es legal

El delegado de la Junta, Luis Aznar, anunció ayer que la administración autonómica aguarda un informe jurídico sobre el traslado de los escombros de carbón acumulados en el PAU1 y la montaña negra, un documento que podría estar disponible a lo largo de esta semana. Según Aznar, el pasado sábado dialogo sobre el tema con la consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, durante la visita que realizó a León, y ya entonces se plantearon que la operación podría ser totalmente legal ya que muy posiblemente para el trasvase de escombros de carbón no se precisa una licencia de la comisión territorial de Actividades Clasificadas, por tratarse de un «subproducto». El delegado territorial explicó que también conversará con el alcalde en funciones, Carlos López Riesco, para clarificar todo lo relativo con esta operación que desde el PSOE se considera como ilegal ya que, en su opinión, se precisarían una serie de licencias. Según avanzó Aznar, si los informes jurídicos se cierran en el sentido que se apunta en la actualidad, todo la responsabilidad de la operación corresponderá directamente al propio Ayuntamiento y por lo tanto se cumpliría la legalidad. Valores de paisaje Por su parte, el director del Instituto de Estudios Históricos Enrique II de Trastámara, Ignacio Fidalgo, criticó ayer en un comunicado los nuevos intentos de la empresa Ferpi, propiedad de Victorino Alonso, para trasladar los estériles. Según Fidalgo, la empresa intentó negociar con el Marqués de Jaureguizar para intentar comprar el Palacio de Priaranza y su amplia finca, para verter estériles en esa zona junto a la orilla del río Sil. Fidalgo agradeció la «lucidez mental» del marqués al negarse a aceptar 841.400 euros (140 millones de pesetas) para permitir «un atentado irreparable» a los paisajes de esa zona.