La acusación auguró en mayo el siniestro y advirtió que para ahorrar no se ponen filtros o válvulas
La denuncia advierte que «la mayoría de las instalaciones efectuadas en Ponferrada» no se ajustan a lo previsto por la ley. «No se trata sólo de una infracción administrativa, sino que puede tener consecuencias trágicas para las personas» ya que «pueden carecer de la seguridad necesaria para que no haya siniestros por explosión, como frecuentemente está ocurriendo en otras ciudades, generando un riesgo en la población que no tiene porque soportar». El abogado de la acusación comentó ayer que con los datos que manejan se puede asegurar que frecuentemente no se colocan filtros contra las impurezas o todas las válvulas legales con el fin de ahorrar costes. «Hay casos en los que se llegan a hacer las obras de manera que cuestan la cuarta parte de los que deberían», aseguró el abogado, quien destacó que el gas es un combustible muy seguro si se hacen bien las cosas. Uno de los errores más detectados en Ponferrada, según la acusación, es el mismo detectado hace meses en Burgos. «El reglamento establece que haya un armario centralizado con los contadores y sólo en casos excepcionales que se sitúen en cada piso, en forma de `árbol`. Pero la excepción se ha convertido en la norma para poder ahorrar dinero», comentó el abogado, quien explicó que está situación pudo existir en el caso de la avenida del Castillo. En la denuncia se explica que las instalaciones del gas en las comunidades, según la normativa, son propiedad de la comunidad. Sin embargo, y según la acusación, «Gas Castilla y León, a la hora de firmar los contratos de instalación condicionan los mismos, abusando de su posición dominante o intentando engañar a los contratantes haciéndoles firmar que la propiedad de la instalación quede para Gas Castilla y León». La denuncia advierte que la concesión de esta empresa establece que Gas Castilla y León realizará el mantenimiento «sin que pueda cobrar ningún canon por ello». La demandante cree que podría haber un delito de coacciones puesto que el contrato sólo se firma en esas condiciones y el que las rechaza se queda sin gas.