Un agente denunció ilegalidades siete meses antes de la explosión del gas

La denuncia fue presentada en la jornada 29 de mayo del 2000, meses antes de que se produjese la explosión del edificio el día 20 de diciembre de ese mismo año. En su escrito, la agente del gas Isabel Blanco, comunica al juzgado las irregularidades que detecta, según su abogado, después de que por sus quejas «la dejaran fuera del mercado las empresas». La denuncia arranca explicando que la Consejería de Industria de la Junta otorgó a Gas Castilla y León la concesión de este suministro en Ponferrada. «El punto quinto de la concesión establece que se realizará sin cargo alguno la instalación a las comunidades que lo deseen, así como la realización del mantenimiento de las mismas instalaciones receptoras para usuarios individuales», según el texto de la denuncia. Pero la denunciante asegura que Gas Castilla y León «exige el pago de un canon a las comunidades de propietarios cuando firman el compromiso de instalación» y otro «canon anual de 3.600 pesetas (IVA no incluido)» en el contrato de ejecución de la obra. 800 millones de estafa La denuncia concluye que por el elevado número de usuarios del gas «la estafa que se puede generar superaría los 800 millones de pesetas». Además, la agente del gas considera que en este proceso están involucradas las empresas instaladoras como Gas del Valle, Gas Bierzo o Marote López, ya que «conocen perfectamente los términos de la concesión administrativa y aún así (...) contribuyen al engaño que se produce a las comunidades de propietarios». La denuncia solicita al juzgado que investigue un total de cuatro presuntos delitos contra las cuatro empresas y pide que se cite al representante legal de Gas Castilla y León para que aporte los contratos firmados con las comunidades de propietarios. También pide al juez que solicite a la compañía los documentos técnicos de las instalaciones realizadas.