El PSOE denuncia nuevas irregularidades en las cuentas de Pongesur y en las de fiestas

El PSOE de Ponferrada insistió ayer en su denuncia sobre la falta de control del Ayuntamiento sobre la gestión de Pongesur y exigió la creación de un manual de organización y procedimientos para evitar las «irregularidades» que ha detectado en el último balance. Los socialistas también anunciaron que llevarán ante el Tribunal de Cuentas el pago sin consignación presupuestaria ni autorización municipal previa de una partida de 10 millones de pesetas en las cuentas del Patronato de Fiestas del año 2000, que se subsanó a posteriori. La concejala socialista Olga Cañadas, encargada del control de los asuntos económicos del Ayuntamiento, denunció ayer que Pongesur «se ha saltado la Ley de Haciendas Locales» por no solicitar con carácter previo, autorización al Ministerio de Hacienda y al Ayuntamiento para sus operaciones de crédito y que no hay constancia de que se hayan manejado otras fórmulas de financiación para la compra del PAU1 distintas de la subrogación de la hipoteca y un nuevo crédito. Cañadas entiende que las cuentas de Pongesur del 2000 «rompen los principios contables» por no incluir gastos que se deberían contabilizar cuando se devengan y la valoración de las mercaderías por la venta del suelo del PAU1 «no es del todo correcta» porque está sobredimensionada al incluir pequeñas cantidades de los costes de constitución de la sociedad y gastos de funcionamiento. La edil insistió en que Pongesur debería someter sus cuentas al control previo y no posterior del Ayuntamiento. «El dinero de Pongesur es el de todos los ponferradinos, que tienen derecho a que se garantice lo que se hace con su dinero». Cañadas también se quejó porque los presupuestos municipales estén sometidos a constantes modificaciones -«ya llevamos dos reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de un 10 por ciento del presupuesto», lamentó- y anunció que los socialistas llevarán ante el Tribunal de Cuentas el pago sin consignación ni autorización previa de 10 millones de pesetas para actividades festivas por entender que es objeto de una sanción administrativa.