El PSOE quita importancia al archivo de su denuncia por los escombros

En referencia a la denuncia archivada por la titular del Juzgado de Instrucción número cuatro, González Saavedra recordó que «únicamente» se centró en la falta de licencias del traslado de estériles. «Por lo tanto -añadió- aquí no se ha archivado ningún delito medioambiental». Además, precisó que al PSOE no le interesa seguir con esa vía abierta porque en este momento tienen presentada una querella contra Pongesur por prevaricación y delito medioambiental que por su amplitud no hace necesario ningún otro recurso. «En esta querella, además del tema de licencias, está el tema de los vertederos, que es lo realmente grave de este asunto. Entonces queremos que sea en esa querella donde se vea todo el proceso junto. (...) Lo que intentaron presentar como una victoria no es absolutamente nada. Las cosas están igual que estaban, no nos han echado para atrás nada», dijo. Así las cosas, el edil socialista insistió en que su grupo se va a limitar «a dejar trabajar al Juzgado porque con las declaraciones que se están haciendo y la documentación que aportan las partes, el juez tomará la determinación que considere oportuna». Y en respuesta a las recientes declaraciones del alcalde, Carlos López Riesco, afirmó que al PSOE «le traen absolutamente sin cuidado porque el único interés del grupo socialista es defender el dinero público de Ponferrada, que no se sabe que se está haciendo con él», subrayó en alusión a los 20.000 millones que reportará a Pongesur la venta del PAU. Suspensión de tres contenciosos Por otra parte, la actuación judicial iniciada por el grupo municipal socialista contra Pongesur y su gestión sufrirá alguna modificación en los próximos días. Saavedra anunció que en los próximos días solicitarán la suspensión provisional de los tres contenciosos administrativos presentados por este mismo asunto hasta que se resuelva judicialmente la querella. «No puede haber una doble vía», explicó. Saavedra apuntó asimismo que aunque las resoluciones favorables al equipo municipal de la Subdelegación del Gobierno no son vinculantes y que la legislación europea establece claramente que una sociedad como Pongesur debe someterse a los controles de las administraciones públicas.