Recogida y limpieza (I)

El nuevo contrato de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria va a costar al ayuntamiento la friolera de 47 millones de euros en los próximos diez años; es decir, 4,7 millones de euros anuales. Si lo traducimos a pesetas, cosa que todavía no hemos olvidado, la cantidad suena más redonda y hasta puede parecer disparatada, aproximadamente unos 783 millones de pesetas año tras año hasta completar la decena. El costo de este contrato podría ser razonable si las condiciones estipuladas y recogidas en el papel fuesen de obligado cumplimiento para la empresa adjudicataria y también, porque no decirlo, si todos los usuarios contribuyesen con la parte que les toca a través de las tasas pertinentes. La apoteósica subida del IBI de hace dos años obligó al equipo de gobierno municipal a buscar una salida airosa y así, solapando la velocidad y el tocino, poder convencer a la ciudadanía de la bondad del incremento de las contribuciones. Este hecho, totalmente injusto, provoca discriminaciones entre los vecinos; la recogida de la bolsa de basura del vecino de enfrente me sale a pelo de conejo y para mayor cabreo yo saco una bolsa cada tres días y él tres bolsas cada día. El problema se agravará cuando entre en funcionamiento el vertedero provincial cuyo canon de vertido y el correspondiente transporte de los residuos hasta su ubicación, repercutirá necesaria y obligadamente en los usuarios. ¡Menuda herencia para la nueva corporación!, sea cual fuere el color político del nuevo gobierno. Pero mucho me temo que este no sea el único incremento que se producirá a lo largo de esos diez años. Las empresas, que saben muy bien lo que hacen, pujan por el contrato con ofertas que una vez cubiertos los gastos obtienen pingües beneficios. Pasados dos o tres años y aplicadas las revisiones pactadas contractualmente mediante una enrevesada fórmula que sólo los técnicos entienden, empiezan las lamentaciones y requerimientos de una revisión extra que compense el desequilibrio entre gastos y beneficios, aduciendo, entre otras razones, que ese desfase viene producido por el enorme incremento salarial de los trabajadores. Se suceden las amenazas de huelga y el ayuntamiento asume como suyo el coste de la subida salarial de los trabajadores de una empresa privada que hace un servicio público mediante un contrato rubricado por ambas partes y cuyas revisiones están específicamente pactadas. ¿Tendremos que creernos que la empresa no ha previsto y puesto remedio a los supuestos desfases cuando envía su oferta?. A 10 años, puede... pero ¿a 2 ó 3?. Esto ocurrió con la última empresa adjudicataria. ¡Sólo faltaba que el equipo de gobierno lo repercutiese en el IBI!.