LM aplaude el «sí» de la plantilla y el papel del Gobierno y de la Junta

Solo los hechos violentos que sacudieron la recta final del proceso de negociación del ERE motivaron una reacción pública por parte de la dirección de la factoría de palas eólicas de LM Wind Power para negar que su intención fuera cerrar o deslocalizar la planta y dejar claro que llegar a un acuerdo con el comité de empresa siempre había sido su principal objetivo. Por eso, culminado el proceso y una vez que más del 80% de la plantilla ha ratificado el principio de acuerdo firmado a primera hora de la mañana del viernes tras más de 20 horas de reunión, la dirección de LM mostró ayer su satisfacción y agradeció el apoyo de las administraciones central y autonómica.

«Estamos satisfechos de haber llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Agradecemos que nuestros empleados hayan votado a favor, así como al Gobierno y a la Junta de Castilla y León por su apoyo en las negociaciones», aseguraron fuentes empresariales en declaraciones a este periódico. Una valoración escueta y directa que marca el final de semanas de intenso diálogo con los representantes de los trabajadores para debatir el futuro de un ajuste laboral que fue presentado para 393 operarios y, finalmente, afectará a 351, algunos de cuales ya han manifestado su intención de aceptar el traslado a las factorías que la multinacional tiene en el norte de Francia y en Castellón.

Ahora queda por conocer la valoración y el papel que, en adelante, jugará la Junta de Castilla y León, como administración mediadora en la resolución del conflicto entre patronal y parte social en un momento en el que las conversaciones parecieron romperse tras los hechos violentos que siguieron a la penúltima reunión. Previsiblemente, el Gobierno autonómico dará hoy mismo ese paso, puesto que la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, se reunirá con los responsables de la empresa y del comité de la planta que LM Wind Power tiene en el polígono de La Llanada. Lo hará esta mañana en la sede del Ecyl, en las instalaciones del Campus de Ponferrada.

Desde el primer momento, la Junta de Castilla y León ofreció su apoyo a las partes para resolver el conflicto abierto. Primero, ofertando a la empresa la posibilidad de costear un ajuste temporal de empleo que sustituyera al despido colectivo planteado. Opción que fue rechazada. Después, mediando para conseguir una última reunión en la que se alcanzó el acuerdo y en la que la Administración autonómica volvió a comprometer apoyo «técnico y económico» a la compañía para garantizar su viabilidad. Un papel en el que hoy ahondará la consejera de Empleo e Industria.