El Congreso respalda la apertura de las fosas comunes de la Guerra Civil

Pese a que no se establecieron compromisos ni plazos concretos para llevar a cabo las exhumaciones de los cadáveres enterrados en las fosas comunes, todos los grupos políticos instaron «a que cualquier iniciativa promovida por las familias de los afectados que se lleve a cabo, sobre todo en el ámbito local, reciba el apoyo de las instituciones evitando, en todo caso, que sirva para reavivar viejas heridas o remover el rescoldo de la confrontación civil». Este punto forma parte de un documento firmado por todos los grupos en el que además se condena la represión franquista, se apuesta por la conciliación surgida en la Transición y se reconoce moral y económicamente a los exiliados y a los llamados niños de la guerra. La resolución sobre las fosas comunes surgió a raíz de las iniciativas presentadas ayer por el PSOE y por Izquierda Unida en favor del reconocimiento de los asesinados y de la financiación en las exhumaciones de la guerra tras 66 años de silencio. Un silencio que rompió la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) al proceder a la exhumación de ciudadanos asesinados por el bando rebelde en el Bierzo y Laciana. Tras estas excavaciones, han surgido múltiples demandas de personas que pretenden saber dónde se encuentran sus familiares. Se calcula que en toda España hay unos 30.000 desaparecidos enterrados en las cunetas. De ellos, alrededor de un millar se encuentran en la provincia de León que, junto a Asturias o Teruel es una de las zonas más afectados por la represión franquista. «La memoria ocultada» La represión fue más habitual en las zonas en las que, como León, el ejército rebelde se hizo enseguida con el poder. También hubo fosas comunes (en muy menor medida) de defensores del fascismo, aunque la mayoría recibieron un entierro digno durante el franquismo, cuyo régimen financió la búsqueda y la recuperación de los cuerpos. «Unos muertos están inscritos y reconocidos, mientras que otros siguen sin reconocimiento ni honra y con la memoria ocultada», comentó la diputada del PSOE Amparo Valcarce. El consenso político, que llega en un momento en que la ONU ha recomendado al Gobierno español la búsqueda de los desaparecidos, obliga a las instituciones públicas a facilitar a las familias la recuperación de los restos de sus parientes asesinados. Tanto PSOE como IU esperan que el Gobierno legisle y especifique el tipo de ayudas que vayan a recibir estas familias. «Yo lo único que pido es que se tenga en cuenta la ejecución de esta resolución por parte de los municipios y que estos no miren para otro lado», apuntó el diputado de IU, Felipe Alcaraz. La Junta de Castilla y León aprobó hace unos años una resolución similar para compensar económicas a los presos del franquismo, pero las ayudas no han llegado a sus destinatarios.