El Común abronca al pedáneo por el veto a las sesiones públicas y el PB exige cabezas

El Procurador del Común de Castilla y León, Manuel García Álvarez, ha dictado una resolución en la que condena la actitud de la Junta Vecinal de Albares de la Ribera (Torre) por cerrar al público las sesiones de la pedanía desde 1999. La resolución del Común está fechada el pasado 14 de noviembre y responde a las quejas reiteradas de los representantes del Partido del Bierzo (PB) en la citada localidad, especialmente por parte del ex-vocal, Daniel Fernández. El asesor jurídico del PB, Lisardo Fernández, señaló ayer que esta respuesta del Procurador del Común debería ser definitiva para que el actual pedáneo, el leonesista Andrés Castro, rectificase y se diera cuenta de que es imprescindible permitir el acceso al pueblo a las reuniones. Aunque en todo caso recordó que resoluciones similares ya fueron emitidas primero -siempre sin carácter ejecutivo- por el propio Ministerio de Administraciones Públicas, y luego por la Junta de Castilla y León en septiembre de 2001. El dictamen del Común reprende a los dirigentes de la Junta Vecinal y les conmina a que en el futuro se otorgue al pueblo la posibilidad de asistir a las sesiones. El PB espera no tener que proseguir por la vía judicial. Sin embargo, sus responsables aludieron a diversas sentencias, incluso del Tribunal Supremo, en las que se anulan acuerdos de asambleas en las que se conculcó la publicidad. «Podría suceder que todos los acuerdos de la pedanía desde 1999 fuera declarados nulos de pleno derecho». Con un enfoque más político, el edil del PB en Torre, Francisco Merayo, señaló que el procurador de la UPL, Joaquín Otero, tendría que ser el primero en dimitir por haber informado favorablemente el mantenimiento de las sesiones a puerta cerrada, luego del ex-calde, Melchor Moreno, por respaldar esta actitud, y en último lugar el propio pedáneo. Merayo señaló que se dirigirán al presidente de las Cortes regionales para informar de como Otero atenta contra los más principios democráticos recogidos por la Constitución. El procurador de la UPL negó que él hubiera intervenido jurídicamente en este asunto.