«En Toreno se sacrificaron caballos con signos de melanomas y datos falsificados»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide entre cuatro y nueve años y medio de prisión para cada uno de los once presuntos integrantes de un « grupo criminal », que tenía como base los mataderos de Toreno y Astorga  y que fueron investigados por participar en la venta de carne caballo en mal estado. Algunas piezas incluso con restos de melanoma que llegaron a exportar a otros países como Bélgica o Italia. Los hechos que se remontarían, al menos, a 2016. La Fiscalía de la Audiencia Nacional los considera constitutivos de varios delitos contra la salud pública, uno de falsedad documental y otro de grupo criminal, según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso Efe. 

A los procesados les acusa de participar en la introducción en el mercado de carne de caballo no apta para consumo humano, evitando su trazabilidad y control sanitario. Las mayores penas (entre seis y nueve años y medio) se piden para tres «entradores» de ganado en los mataderos —Javier F., Alejandro D y Bernardino C.— y para el veterinario oficial de Castilla y León destinado en el matadero de Toreno, Ángel M. (8 años y medio). En el caso de Astorga no se ha podido determinar qué veterinario actuó de igual forma. A una petición de seis años de prisión se enfrentan los dos responsables de controlar la adquisición de ganado en dicho matadero —Félix I.R. y Carlos V.S.— y los gestores del de Toreno —el matrimonio formado por Fernando D.S. y María Mercedes A.— según el escrito de conclusiones. 

En último lugar estarían los tres que habrían participado en la distribución, entre ellos Johannes Fasen, que fue condenado en Francia por la mayor estafa alimentaria de Europa, el caso Horsegate, un escándalo con ramificaciones internacionales que saltó en Reino Unido en 2013 y que destapó la comercialización de carne de caballo haciéndola pasar por ternera. El ministerio público, que pide cuatro años de prisión para ellos, sostiene que utilizaron la empresa Codelta 91 para distribuir productos que sabían que estaban en mal estado. 

La base de operaciones se encontraba en dos mataderos de las localidades de Astorga y Toreno y la carne procedía de caballos de los que no se disponía documentación o que la que tenían evidenciaba que su carne no era apta para el consumo humano, es decir, que tenían lo que coloquialmente se denomina en el sector como «pasaporte rojo», que se «blanqueaba» con certificados de otros animales, algunos incluso muertos. Otros ejemplares directamente se sacrificaban y «entraban en la cadena alimentaria humana» sin ser válidos para ello, añade el escrito. 

Para lograrlo «era indispensable» el acuerdo entre «los entradores» de ganado en los mataderos, los responsables de los mismos y el veterinario oficial, y la forma en la que Fiscalía cree que operaban solía pasar por no introducir los datos de los animales en el sistema o directamente falsificarlos. Así, en marzo de 2017 se sacrificaron cuatro equinos en Toreno con «claros signos de melanomas» que luego se vendían a 1,50 euros el kilo, aunque se tuvo que quitar la carne «que presentaba signos evidente de melanoma, dejando sólo un 20 %» de aquella donde «no eran visibles los nódulos» de color negro. 

La Fiscalía destaca que en las muestras investigadas en la causa se hallaron sustancias que causan efectos nocivos para la salud, como «daños genéticos» o «favorecer probablemente la aparición de distintas formas de cáncer», añade el escrito.

El Ayuntamiento, al margen

El Ayuntamiento de Toreno, propietario del matadero, está al margen de la causa ya que entonces tenía adjudicado el matadero a una empresa. Así lo confirmó ayer el alcalde de la localidad minera, Laureano González, tras conocer las conclusiones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El registro en el matadero de Toreno se llevó a cabo en abril de 2017, en una operación en la que la Guardia Civil desplegó en toda España a más de 300 agentes del Cuerpo de distintas especialidades en 18 provincias y registró simultáneamente 29 ubicaciones. En total, una veintena de inspecciones que llevaron a la detención, en esa primera jornada, de más de 20 personas, ocho de las cuales ingresaron en prisión.