El Consejo lanza un SOS para atender a menores y drogodependientes

El programa de intervención con menores infractores quizá sea una de las actividades más desconocidas para los ciudadanos de las que se encarga el Consejo del Bierzo. Pero es una prestación social, incluida en el Servicio de Menores que tiene delegado de la Junta de Castilla y León, que este año ya ha ayudado a 57 niños y adolescentes a salir de la calle y no delinquir. Desde su apertura hace dos décadas, son más de mil setecientos los menores que han cometido algún delito que no implica medidas de internamiento que ha pasado por las manos de las cuatro trabajadoras, tres técnicas y una psicóloga, que en coordinación con los juzgados dependiendo de la gravedad de los casos, se dedican a buscarles una actividad que permita su reinserción social. Menores sujetos a medidas administrativas o judiciales.

Es solo un ejemplo de uno de los tres servicios claramente deficitarios que están ahogando al Consejo del Bierzo: el de menores que también incluye otro departamento centrado en la protección de adolescentes en situación vulnerable y otro programa de violencia intrafamiliar; el Centro de Atención a Drogodependientes (CAD), que comenzó su actividad en 1997 y viene asistiendo unas media de entre doscientas cincuenta y trescientas personas al año; y el de Asistencia a Municipios (SAM), que ayuda a los ayuntamientos con la tramitación administrativa cuando no disponen de secretarios o interventores propios. El déficit anual de los servicios sociales supera los 160.000 euros y el del SAM alcanza los 190.000, alerta el presidente del Consejo, Gerardo Álvarez Coruel.

«Lo que venimos pidiendo es que se actualicen los convenios específicos que los financian, porque no se han tocado en diez años», afirmó ayer en un nueva petición de ayuda a la Junta de Castilla y León.

Courel se mostró decepcionado porque en la última reunión mantenida con la Consejería de Familia, con competencias en la atención a menores y a drogodependientes, la administración autonómica ni siquiera aceptó la propuesta del Consejo de actualizar la financiación de los dos convenios con el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los diez años que han transcurrido desde la última subida.

Courel insistió en que el incremento que reclaman para los tres convenios específicos —el cuarto es del de Medio Ambiente, con los tratamientos selvícolas financiados con presupuestos finalistas y proyectos cerrados—, con un déficit estimado de 350.000 euros, ni siquiera puede ser enjugado con el incremento general de 300.000 euros para los gastos de funcionamiento del Consejo que le concedió la Junta en 2020. «Tenemos que dejar de gastar ese dinero en otras cosas para cubrir el déficit», se quejó.

Son fondos, en el caso de los dos convenios sociales sobre todo, destinados a tareas invisibles para la sociedad, pero que han ayudado a cientos de adolescentes a esquivar la marginalidad, o al menos a darles una oportunidad de salir de ella realizando prestaciones en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas, dependiendo de los casos, y a cientos de adultos enganchados a las drogas a contar con una mínima red de apoyo