El Procurador del Común reclama a la Junta más agilidad en la protección del patrimonio industrial

Solo tres días antes de que la Junta de Castilla y León ordenara la paralización de la demolición de las dos torres de refrigeración y de la chimenea del Grupo 3 de la central térmica Compostilla II (Cubillos del Sil) con la intención de declararlas Bien de Interés Cultural (BIC), el Procurador del Común emitió una resolución por la que insta a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a que agilice los procedimientos de declaraciones de BIC o de bienes inventariados del patrimonio industrial, especialmente minero , que estén pendientes de resolver; así como a que inicie lo antes posible los procedimientos para garantizar la protección de aquellos bienes que “por su singularidad, así lo merezcan”, recoge el informe que cita expresamente elementos como el lavadero de carbón y la línea de baldes de La Recuelga (Santa Cruz del Sil), el poblado de Compostilla (Ponferrada) y las ferrerías de A Portela de Valcarce (Vega de Valcarce) y Serviz (Barjas) , entre otros.

Aunque el Procurador del Común reconoce que los pasos dados en los últimos años por la Administración autonómica en materia de protección del patrimonio minero, con la ejecución de varias actuaciones de rehabilitación , demuestran que hay “un compromiso con la dignificación del patrimonio industrial”; no pasa por alto la lentitud en la tramitación de las solicitudes de protección de los bienes que todavía no están protegidos. Hasta una quincena están actualmente pendientes de resolución en toda la Comunidad, según la información facilitada por la propia Consejería de Cultura.

Por lo tanto, el organismo encargado de la defensa de los intereses y derechos de los ciudadanos respalda la queja que dio pie al inicio del expediente por “la falta de una protección jurídica efectiva del patrimonio industrial” de Castilla y León y pide a la administración competente que “impulse con el mayor esfuerzo posible las medidas que permitan preservarlo y ponerlo en valor, en particular el surgido de la importante actividad minera”. Así mismo, la emplaza a “elaborar una completa documentación del legado que constituye el patrimonio industrial y promover el desarrollo de las zonas en las que se ubican los elementos patrimoniales, en coordinación con las demás administraciones públicas y con el resto de entidades implicadas en las actividades de las que proceden los bienes”.

La resolución emitida por el Procurador del Común también recoge, entre otras consideraciones, el perjuicio que la desprotección de los bienes legados de la actividad minera de valor patrimonial supone para ellos mismos y para los territorios en los que se localizan, ya que limita el acceso a las subvenciones destinadas a su rehabilitación.

La conservación de los inmuebles ferroviarios

Una segunda resolución del Procurador del Común emitida también en los últimos días centra el tiro en los bienes inmuebles ligados al ferrocarril que tienen un valor especial pero que han sido abandonados por quedar en desuso u obsoletos. Cita el complejo ferroviario de La Placa (Ponferrada), la estación del ferrocarril de Palacios del Sil y el conjunto de la estación del ferrocarril de Cuevas del Sil, entre otros. Todos ellos incluidos en la Lista Roja del Patrimonio que elabora Hispania Nostra y algunos integrados en el Inventario del Patrimonio Industrial de la Comunidad.

“La Consejería de Cultura y Turismo debería llevar a cabo una específica identificación temática de los bienes inmuebles y conjuntos integrantes del patrimonio industrial ferroviario, promover la materialización del nivel de protección que a dichos elementos debiera corresponder conforme a su singularidad, valor e interés y contribuir a ponerlos en valor, dando a conocer la realidad socio-cultural y tecnológica del ferrocarril, las formas de vida y de trabajo de las personas empleadas en los servicios ferroviarios y la influencia del ferrocarril en su entorno.

La puesta en valor de los edificios ferroviarios podría servir -detalla el Procurador del Común- para desarrollar recursos para la exposición e interpretación del fenómeno ferroviario o para explotar servicios hosteleros y de restauración. Y pone como ejemplos la estaciones de Espeja (Salamanca) y de Rabaneda (Burgos).

“Nos encontramos ante inmuebles que están o han estado adscritos a un servicio público gestionado por la Administración del Estado pero que, en la actualidad, tratándose de bienes en desuso, la gestión del servicio de ferrocarril no se vería alterada por la protección que habría de proporcionarse a dichos inmuebles, incluyéndose entre las competencias exclusivas de Castilla y León la relativa al patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico que pueda ser de interés para la Comunidad, sin perjuicio de la competencia del Estado para su defensa contra la exportación y la expoliación”, recoge también la redacción de la resolución del Procurador.