Denuncian al alcalde de Cabañas por alquilar terrenos para un parque solar
El PSOE afirma que el contrato permite la expropiación forzosa de comunales por parte del promotor
El alcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos López (PP), figura «entre los denunciados por el alquiler de terrenos comunales de la Junta Vecinal de Cortiguera para la construcción de un parque fotovoltaico». Así lo dio a conocer ayer el PSOE, después de que el Juzgado número 5 de Ponferrada instruyera la denuncia formulada contra miembros de dicha junta vecinal y el representante de la empresa Cetus Solar S.L por el alquiler de bienes comunales a esta promotora fotovoltaica.
Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2020, fecha en que el pleno de la Junta Vecinal de Cortiguera, de la que el regidor es vocal, acordó el alquiler de 60 hectáreas de los terrenos comunales para la implantación de una planta fotovoltaica con un contrato de 2 años prorrogable a un tercero. Lo hicieron así en lugar de firmar un contrato administrativo por 30 años como el de los pueblos de la contorna que hubiera generado ingresos por más de 1,8 millones y no cabría la expropiación forzosa.
El parque «ya ha obtenido la declaración de impacto ambiental favorable y está a la espera de obtener la autorización previa antes del día 25 de abril. En el momento en que el proyecto obtenga la autorización previa, la empresa promotora procederá a obtener la declaración de utilidad pública e interés social y a expropiar los comunales», afirmó la concejala denunciante, Inés Gutiérrez Yáñez.
«Desde el grupo socialista hemos advertido reiteradamente sobre el riesgo de expropiación forzosa, que también alcanza a los dueños de los terrenos afectados por las líneas de evacuación y otros propietarios. Según consta, el parque fotovoltaico no se limita a los terrenos alquilados a la Junta Vecinal de Cortiguera, sino que afecta a otras fincas de particulares y a los propietarios que se vean afectados por las líneas de evacuación procedentes del parque Compas I en Magaz de Arriba. El hecho de que esos otros propietarios no hayan negociado con la promotora es irrelevante, se verán privados de su propiedad por la vía de la declaración de utilidad pública y la consecuente expropiación forzosa», explicó Inés Gutiérrez.
La socialista explicó que «para hacer bien la contratación, hay que contar, como lo hicieron Magaz de Arriba, Fresnedo y Cabañinas, con la aprobación de los vecinos, para luego valorar los terrenos y sacar el aprovechamiento de los comunales a subasta. Ahora mismo, esas pedanías tienen contratos por 30 años y cobran 1.025 euros por hectárea y año. Y lo más importante, tienen un contrato administrativo válido que excluye la posibilidad de la expropiación forzosa».