La Fiscalía busca pactar la condena al inquilino que voló la casa de la calle Alcón
Una sentencia de conformidad evitaría ir a juicio el día 30 El Ministerio Público ofrece cuatro años de cárcel por un delito de daños por incendio con peligro para la vida y nueve meses por amenazas
El edificio, poco después del suceso. L. DE LA MATA
Cuatro años de prisión por un delito de daños más 18 meses de multa y nueve meses de cárcel por otro delito amenazas es la condena que la Fiscalía de Área de Ponferrada busca pactar con la defensa y las acusaciones particulares para el hombre que confesó haber volado en la madrugada del 13 de enero de 2022 el edificio del que era inquilino en la calle Alcón, ante el inminente desalojo que iba a sufrir parte del propietario del inmueble. La sentencia de conformidad, en vista de que el acusado J. C.G, confesó los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional, evitaría así tener que celebrar el juicio convocado para el 30 de marzo en el Juzgado de lo Penal de Ponferrada, en un momento además en que la huelga de letrados de Justicia (antiguos secretarios judiciales) está retrasando todos los procesos.
La Fiscalía, según fuentes próximas al caso, se ha dirigido a las partes para ofrecer una sentencia de conformidad. Si en principio había solicitado hasta siete años de cárcel para el autor confeso de la voladura —cinco por un delito de años mediante incendio que pone en peligro la vida de personas, más multa de 24 meses, y dos años por amenazar al propietario del inmueble— el Ministerio Fiscal rebaja ahora su petición a los cuatro años y nueve meses en total para adaptarse a la petición de las acusaciones; el propietario del edificio y los de los distintos coches afectados por los cascotes que cayeron sobre la calle Alcón.
Las acusaciones, en un intento de evitar que el caso pasara a la Audiencia Provincial si se solicitaban más de cinco años de cárcel en total, habían pedido tres años por daños y dos por amenazas. La Fiscalía, sin embargo, ha separado la petición de penas para cada uno de los delitos y el caso, de no llegarse a un pacto con las partes, seguiría dentro de la jurisdicción del Juzgado de lo Penal.
El acusado permanece en prisión provisional desde su detención el 14 de enero del pasado año, después de acudir a la Comisaría de Policía a confesar los hechos. El pasado año también era investigado en Ponferrada para aclarar el incendio de un coche que el dueño del vehículo atribuía a una deuda de prostitución. El juzgado instructor fijó en noviembre pasado una finanza de 485.200 euros para el acusado y 32.360 para la compañía de seguros y garantizar las responsabilidades que pudieran derivarse del proceso.