Diario de León

La secretaria de Castropodame se enfrenta hoy a cuatro años de cárcel por revelación de secretos

La Audiencia juzga a la funcionaria, acusada de difundir por Whatsapp un documento privado

Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento. L. DE LA MATA

Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento. L. DE LA MATA

Ponferrada

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Cuatro años de prisión, la inhabilitación absoluta por un tiempo de ocho años y cuatro mil euros de indemnización por perjuicios y daños morales, es la pena que pide el Ministerio Fiscal para la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Castropodame que en octubre de 2019 supuestamente difundió por Whatsapp un documento privado y dirigido al alcalde de una auxiliar administrativa del Ayuntamiento. El juicio tendrá lugar este miércoles en la Audiencia Provincial de León.

Según el escrito de la Fiscalía, la funcionario tuvo conocimiento de un escrito presentado telemáticamente y con firma digital el 9 de octubre de 2019 por una auxiliar administrativa del Ayuntamiento que iba dirigido a la alcaldesa. La auxiliar se quejaba de su situación laboral y de no haber cobrado la productividad en la nómina del mes anterior.

La secretaria-interventora, asegura el Ministerio Público, «con el fin de conocer el contenido del escrito y aprovechando el ejercicio de sus funcinones, sin el conocimiento y el consentimiento de (la auxiliar), accedió a dicho documento y lo descargó». A continuación, continúa el escrito de la Fiscalía, «sin importarle lo más mínimo la intimidad personal» de la auxiliar «procedió a generar un estado en su perfil de la red social Whatsapp» con el documento, «precedido de la expresiones ‘calentito, calentito’.». Eso hizo posible «que cualquier contacto suyo pudiera visionar e incluso capturar dicha imagen en su dispositivo electrónico».

Por eso la Fiscalía entiende que la secretaria-interventora sería autora de un delito de revelación de secretos cometido por funcionario público y pide la pena de cuatro años de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para ejercer el sufragio pasivo durante la condena, ocho años de inhabilitación para su puesto y el pago de 4.000 euros.

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