El crematorio de mascotas sienta en el banquillo al alcalde de Cabañas el lunes
El regidor se enfrenta a 10 meses de cárcel y 10 años y seis meses de inhabilitación
Imagen de archivo de la entrada a la localidad de Cabañas Raras. ANA F. BARREDO
Diez meses de prisión por un delito de gestión interesada, con multa de 15 meses y una cuota diario de 10 euros, y diez años y seis meses de inhabilitación especial para ejercer cargos o empleos públicos. Es la pena que finalmente ha solicitado el Ministerio Fiscal para el alcalde de Cabañas Raras, Juan Marcos Gutiérrez, que el próximo lunes y el próximo martes ese sentará en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de León para responder por el supuesto trato de favor a la clínica veterinaria que comparte con su esposa a la hora de adjudicar una parcela del polígono industrial para construir un crematorio de mascotas.
La denuncia del concejal socialista Antonio Puerto somete a una decisión judicial la continuidad de Gutiérrez en la Alcaldía. Según la Fiscalía de Área de Ponferrada, el acusado, «con conocimiento de la prohibición de contratar en la que incurría» otorgó el 23 de noviembre de 2017 un poder notarial a su esposa para que actuara en representación de la Clínica Veterinaria Bierzoo de la que era administrador único y socio profesional. Todo «con el fin de participar y conseguir la adjudicación de la parcela 97 del polígono de Cabañas, donde querían construir un crematorio para animales de compañía.
«A sabiendas de su obligación de abstenerse, el acusado participó en su doble condición de administrador (de la clínica) y de alcalde en el expediente administrativo para la adjudicación del parcela, presidiendo el acto de apertura de plicas», y «votando después a favor de la adjudicación de su propia mercantil» e «interviniendo en su doble condición» en la escritura que hizo público el acuerdo de adjudicación de la parcela.
El fiscal también acusa al alcalde de omitir trámites en el expediente administrativo para la adjudicación de la parcela 97 «contraviniendo la legalidad vigente para obtener un beneficio particular, por cuanto la mercantil llegó a cobrar una subvención de 53.819 euros.
La lista de irregularidades que señala el fiscal incluyen la falta de oferta pública, de informes y valoración técnica, de certificado del secretario municipal sobre la titularidad municipal de la finca y su inscripción en el registro de la propiedad, entre otras como no publicar la convocatoria del procedimiento en el Boletín Oficial de la Provincia ni en ningún otro diario oficial.
Entiende el fiscal que la adjudicación de la parcela «supuso un flagrante incumplimiento de la normativa administrativa y estamos ante un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y gestión interesada en concurso con un delito de prevaricación.