Asaja se opone a que se arranquen viñas y frutales para colocar placas solares

El sindicato agrario Asaja daba ayer a conocer que ha presentado alegaciones para rechazar de plano la instalación de varias plantas fotovoltaicas que ocuparía 66 hectáreas de tierras de cultivo en los municipios bercianos de Cacabelos, Arganza y Camponaraya. Asaja sale así al paso del proyecto que aparece en la información publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León.

La organización agraria señala en un comunicado que está en contra de que la tierra agrícola se destine a la instalación de plantas fotovoltaicas y recuerda que tanto en el Bierzo, como en el resto de la provincia de León, las autorizaciones administrativas para este tipo de energías suponen ya una producción eléctrica muy superior al consumo, por lo tanto insta a los promotores a que lleven estos proyectos a las áreas de demanda.

Además, piden que se considere a todo el regadío de la comarca y en concreto al vinculado al Canal Alto -que ha recibido una importante inversión para su modernización- como zona de especial protección y que no se autorice el cambio de uso de esos terrenos de rústico a industrial.

Además, Asaja recuerda su exigencia de que los centros de producción energética estén próximos a los puntos de conexión con Red Eléctrica, para evitar la ocupación de tierras con líneas de evacuación, y que, en todo caso, cuando hay líneas de evacuación que estas sean subterráneas, cuestión que en ese proyecto no se ha tenido en cuenta.

En una comarca que basa gran parte de su economía en los productos de calidad, como el vino y la fruta, subrayan que dicho proyecto se basa en arrancar viñedo y frutales en la mayor parte de sus 66 hectáreas, «descepando la que probablemente hoy sea la viña de mayores dimensiones de la comarca». Así, consideran que supondría un impacto social y medioambiental «que ha de estar por encima de los intereses económicos de promotor y que, por lo tanto, la Junta no debe de autorizarlo».

El presupuesto del proyecto asciende a cerca de 30 millones de euros, según los datos facilitados por la empresa y hechos públicos en el Boletín Oficial de la Provincia. La empresa Cacabelos Solar, con domicilio social en la ciudad de Madrid, solicitó la autorización administrativa previa para la construcción de esta instalación de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica.