Aplazado a septiembre el juicio por la venta de carne de caballo en mal estado
Uno de los acusados renuncia a su abogado al inicio de la vista
Imagen de archivo del matadero de Toreno. L. DE LA MATA
La Audiencia Nacional ha aplazado hasta el próximo mes de septiembre el juicio a once acusados de participar en una trama de venta de carne de caballo en mal estado —algunas piezas incluso con restos de melanoma— desde los mataderos de Toreno y Astorga. El aplazamiento se produce al renunciar uno de ellos a su abogado y no tener designado otro que le sustituya.
El juicio, en el que se esperaban conformidades de algunos acusados con la Fiscalía, ha comenzado con algo de retraso y ha acabado suspendiéndose tras anunciar uno de los acusados, un «entrador» de ganado en los mataderos de León donde tiene su origen esta causa, que había decidido renunciar a su abogado del turno de oficio.
La presidenta del tribunal le ha comunicado que tiene tres días para designar un nuevo abogado y ha suspendido la sesión, tras anunciar que el juicio no podrá reanudarse hasta el 12 de septiembre.
La Fiscalía atribuye a los once acusados delitos como falsedad documental, contra la salud pública o grupo criminal, y solicita condenas de entre cuatro y nueve años y medio de prisión, que podrán verse rebajadas si se concretan los acuerdos de conformidad que se esperaban.
Según su escrito de conclusiones provisionales, los acusados habrían participado entre 2016 y 2017 en la introducción de carne de caballo no apta para consumo humano en el mercado, evitando su trazabilidad y control sanitario.
La carne procedía de caballos de los que no se disponía documentación o que evidenciaba que ésta no era apta para el consumo humano, es decir, que tenían lo que se denomina en el sector «pasaporte rojo». Este certificado se «blanqueaba» con el de otros animales, algunos incluso muertos. Otros ejemplares directamente se sacrificaban y «entraban en la cadena alimentaria humana» sin ser válidos para ello, según la Fiscalía. Para lograrlo «era indispensable» el acuerdo entre «los entradores» de ganado en los mataderos, los responsables de los mismos y el veterinario oficial. La Fiscalía menciona, por ejemplo, lo ocurrido en marzo de 2017, cuando se sacrificaron cuatro equinos en Toreno con «claros signos de melanomas» que luego se vendían a 1,50 euros el kilo, aunque se tuvo que quitar la carne que tenía «signos evidentes de melanoma, dejando sólo un 20 %» de aquella donde «no eran visibles los nódulos» de color negro.