La Diputación deberá intervenir en la montaña que amenaza con tragarse una carretera en el Bierzo

Los desprendimientos de rocas del talud de la montaña que se levanta junto a la carretera LE-6213 —desde N-536 hasta San Pedro de Trones— a su paso por Puente de Domingo Flórez han enfrentado, durante meses, a la Diputación de León y el Ayuntamiento de Puente, discrepantes sobre qué administración debe hacerse cargo de la obra que permita resolver un problema grave.

La carretera, que soporta una gran carga de tráfico por ser zona pizarrera, es de titularidad provincial, pero el tramo afectado es urbano, está localizado fuera de la zona de dominio público de la vía y la caída de cascotes no perjudica directamente a la misma, sino a unas construcciones ubicadas en la margen derecha. Ahora, el Procurador del Común se ha pronunciado, emitiendo una resolución que emplaza a la Diputación a intervenir requiriendo, si fuera preciso, el apoyo económico del Ayuntamiento.

Apoyándose en lo determinado en varios informes técnicos y en la jurisprudencia que ya existe ante este tipo de situaciones, el Procurador del Común de Castilla y León, que actuó de oficio tras tener conocimiento de la situación de peligro que se da en esta carretera, ha resuelto que la Diputación debe «articular los mecanismos necesarios para acometer, en el plazo más breve posible que le permitan sus disponibilidades presupuestarias, las obras necesarias para evitar el peligro de desprendimiento de rocas». 

Es decir, el Común insta a la institución provincial a que asuma la ejecución del proyecto y no se limite a ofrecer su apoyo a la administración local, a la que había brindado una solución compartida pero, siempre, eludiendo la responsabilidad sobre el problema y vertiendo sobre esta última la principal carga.

En todo caso, el organismo encargado de la defensa de los intereses de los ciudadanos frente a las administraciones no exime al Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez de la responsabilidad que le es propia, según se recoge en la Ley de Carreteras de Castilla y León en lo referido a travesías y tramos urbanos, donde «podrán establecerse medidas e instrumentos de colaboración con los municipios afectados, a fin de compartir las cargas y servicios entre las administraciones afectadas».

Más de tres años después

Los primeros desprendimientos graves se produjeron a finales de 2019 y se repitieron a principios de este año. En ese tiempo, el Ayuntamiento trató de intervenir de manera puntual con una inversión de fondos propios de algo más de 8.000 euros, pero la empresa a la que encomendó los trabajos declinó hacerlo, asegurando que la solución que requiere ese talud para garantizar la seguridad de los bienes y las personas es de una envergadura mayor. 

El riesgo, por tanto, sigue existiendo y siendo evidente, a tenor de lo recogido también en la resolución del Procurador del Común: «El estado actual del escarpe es de elevada inestabilidad, con una alta probabilidad de desprendimientos de bloques de grandes dimensiones, del orden de varias toneladas, que formalizan una gran cuña rocosa detectada en el escarpe, de unas 2.000 toneladas de peso total».

La zona afectada tiene una longitud de unos 40 metros y una altura de 25 metros sobre la cota de 1a carretera LE-6213, utilizada por «los más de 800 trabajadores del sector de la pizarra» que acuden a sus puestos en las canteras de San Pedro de Trones, recordó el alcalde, Julio Arias. También por los camiones que transportan la pizarra y los que suministran el combustible, que «no tendrían otra vía alternativa en el caso de que produjera un desprendimiento que cortara la carretera», recordó también el regidor. Los alumnos que, durante el curso escolar, acuden al instituto de Puente en autobús y los propios vecinos también corren riesgo.

"Estamos dispuestos para que se pongan manos a la obra cuanto antes"

El alcalde de Puente de Domingo Flórez , Julio Arias, confía en que la Diputación de León atienda la resolución del Procurador del Común y cuanto antes se pueda dar una solución a la inestabilidad del talud de la LE-6213. Garantiza que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar en todo lo necesario y dentro de sus posibilidades, pero insiste en que no puede ser el acto principal, «como así pretendía la Diputación». 

«Querían que nosotros iniciáramos el proceso, buscáramos los apoyos y, a partir de ahí, verían como podían ayudarnos. Ahora, el Procurador del Común dice lo contrario, que es la Diputación quien tiene que encabezar y nosotros ayudar. Y estamos dispuestos a que cuanto antes se pongan manos a la obra», afirmó Julio Arias.