Catorce detenidos por un fraude de cinco millones de la pizarra a la Seguridad Social
El clan familiar usaba testaferros y movía a sus trabajadores
Pizarras listas para su distribución. ANA F. BARREDO
La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de cinco millones de euros en el sector de la extracción y manipulación de la pizarra de las provincias de León y Lugo, en una operación que se ha saldado finalmnete con catorce detenidos.
Se trata de la operación Dorma, llevada a cabo en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en la que se ha descubierto un grupo empresarial liderado por un clan familiar que se valía de testaferros, informa la Dirección General de la Policía.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de marzo tras requerir la TGSS la actuación policial ante actuaciones irregulares de al menos diecinueve sociedades que formaban un grupo empresarial creado y dirigido por un hombre y sus tres hijos. El objetivo del grupo era centralizar y concentrar la deuda contraída con la Seguridad Social por la sociedad matriz mientras se realizaba las ventas por la extracción de pizarra a través de otras sociedades no deudoras, con lo que se impedía el embargo de las ganancias.
Se consolidaron como uno de los productores de pizarra más importantes de la zona al que la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León había otorgado una concesión de explotación administrativa.
Otra práctica habitual del grupo empresarial era la utilización de los trabajadores de la forma que más conviniera al entramado.
Las sociedades daban de alta y de baja a los empleados de forma conjunta y coordinada y realizaban un trasvase masivo de los mismos cuando era necesario, y en muchos casos hicieron este cambio de empresa en un espacio de pocos días o incluso al día siguiente del cese en la anterior.
El responsable principal del conglomerado indicaba a sus empleados que cambiaban de empresa por orden suya y no podían negarse ya que les amenazaba con el despido.
Una de las hijas del clan era la autorizada en la práctica totalidad de las sociedades para las gestiones administrativas, lo que facilitaba los trasvases de trabajadores y la facturación cruzada y permitió la dirección unitaria de todas las mercantiles.
La mayoría de los testaferros que usaron para ocultar a los verdaderos responsables de las empresas eran o habían sido trabajadores de las sociedades investigadas que no poseían ni formación ni experiencia laboral en la administración de mercantiles.
Además adquirieron bienes sin necesidad de solicitud de financiación externa, lo que acreditaba un elevado poder adquisitivo y la nula intención de pago al preferir distraer su patrimonio que abonar lo adeudado.
El perjuicio económico causado a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 5.019.996 euros, cantidad que los investigadores creen que se habría visto incrementado de no ser por las actuaciones policiales ya que se detectaron nuevos intentos de descapitalización de las sociedades para dificultar las labores ejecutivas de apremio por parte de la Seguridad Social.