El Común se alía con el Bierzo agrario en la lucha contra el gigante renovable
Reclama a la Junta control estricto y un refuerzo de la coordinación con el Gobierno central
Representantes de parte de los colectivos unidos en el frente contra los macroproyectos. L. DE LA MATA
La lucha emprendida por el sector agropecuario del Bierzo, con el apoyo de decenas de colectivos conservacionistas y de índole cultural, tiene un nuevo aliado. Se trata del Procurador del Común, que hace meses que actuó de oficio ante la alarma generada en el medio rural por la proliferación descontrolada de proyectos fotovoltaicos y eólicos que afectan directamente a tierras de cultivo, zonas de regadío y entornos naturales de gran valor.
El defensor de los intereses de los ciudadanos en Castilla y León reclama a la Junta no solo que blinde la normativa que protege los recursos endógenos de los territorios para evitar la implantación de estos proyectos en zonas sensibles o de especial valor ambiental, cultural y/o agrícola; sino también que refuerce los mecanismos de coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el fin de «intentar asegurar que la instalación de energía renovable con una potencia superior a 50 megavatios no supone un perjuicio para el desarrollo socioeconómico del medio rural de nuestra Comunidad».
La mejora de la comunicación entre ambas administraciones que solicita el Procurador del Común responde a una realidad constatada por la propia Junta, que ha reconocido «problemas de coordinación interadministrativa» en los procedimientos de autorizaciones a proyectos de gran envergadura que tramita el Ministerio. «No existe un mecanismo de intercambio de información entre ambas administraciones», reconoce la Consejería de Economía y Hacienda en una de las respuestas a los requerimientos de información del Procurador.
El viernes, representantes de la Fundación Prada a Tope, el Consejo Regulador de la DO Bierzo, Alimentos de Calidad del Bierzo y la asociación Paisajes y Viñedos comparecieron en una rueda de prensa para llamar a la movilización ciudadana y a la participación en la manifestación contra los macroproyectos que amenazan con cambiar el paisaje de la comarca, que tendrá lugar el 22 de octubre. En este acto, todos señalaron a los gobiernos autonómico y nacional como primeros responsables por ser ellos quienes tienen el poder de autorizar los proyectos. El Procurador del Común también centra en ellos el objetivo.
«Queremos incidir en la deficiente coordinación entre las administraciones estatal y autonómica, que causa graves problemas en la planificación de la implantación de las energías renovables», recoge la resolución, que concluye asegurando que el fin último de su posicionamiento es que la Junta tenga en cuenta que «la lucha contra la despoblación es uno de los objetivos que debe guiar la actuación política». Y con ese objetivo, reclama que «se denieguen» todos los proyectos que no aseguran la compatibilidad entre la instalación y el entorno.
«El fomento de las energías renovables está causando un fuerte impacto en el medio rural debido a un incremento notable de los proyectos», incide el Procurador, haciendo hincapié en la necesidad de «garantizar la convivencia con el mantenimiento y desarrollo del sector primario, en la medida que contribuye de forma determinante al desarrollo del medio rural y a fijar población en el mismo». Circunstancia que incumplen varios proyectos presentados para el Bierzo.