El conflicto de la basura tuvo servicios mínimos «abusivos»
La Justicia ha dado la razón al sindicato CGT, al declarar «abusivos» los servicios mínimos marcados por el Ayuntamiento de Ponferrada durante la última huelga de basuras, según informó ayer el sindicato en un comunicado, en el que se congratula por que el juzgado haya archivado las denuncias presentadas por el anterior concejal de Policía, José Antonio Cartón, contra cuatro trabajadores por supuestos actos vandálicos durante la huelga.
El sindicato afirma que estas acusaciones eran «infundadas y no había pruebas», explican, y demuestran que «el anterior equipo de gobierno, liderado por el ex alcalde Olegario Ramón, estaba utilizando todos los recursos necesarios para entorpecer la defensa de los derechos de los trabajadores e intentando bloquear la huelga».
CGT entiende la postura de la empresa FCC, que busca su propio beneficio, pero dice no comprender la actitud de los anteriores gobernantes municipales «en contra de la defensa de los derechos de todos nuestros compañeros y compañeras, convirtiéndose así en el mejor aliado de la empresa y defendiendo los intereses de FCC contra la plantilla, sus familias y de toda la ciudadanía».
Por todo ello piden a Olegario Ramón y a todo su equipo que «salgan a pedir disculpas y explicar por qué miraron para otro lado».
Reacción del PP
Tras conocerse la decisión, el presidente de la Junta Local de Ponferrada del Partido Popular, Carlos Fernández, recuerda que «en reiteradas ocasiones, se advirtió por parte del Grupo Municipal Popular de que esto no se estaba haciendo bien. A algunos, se le llena la boca presumiendo de espíritus sindicalistas, pero la realidad les desmiente». «Se puede lograr el mismo objetivo, respetando los derechos de todos, pero eso a los socialistas no les preocupó nunca, se creyeron gobernantes absolutos sin necesidad de respetar las leyes y obviando lo que les advertía la oposición», dice el PP, que emplaza al exalcalde y al exconcejal de Personal a pedir perdón a los trabajadores, «por haber querido impedirles un Derecho Constitucional y, a los ciudadanos por no saber atender sus necesidades en limpieza».