LM vota el preacuerdo del Erte con el comité confiado en obtener el respaldo
El ajuste negociado afecta a 621 de los 650 trabajadores ocho meses entre noviembre y junio
Protesta laboral en la factoría de LM en Ponferrada, en mayo de 2022. L. DE LA MATA
Los trabajadores de la factoría de palas eólicas de LM Wind Power en el polígono de La Llanada en Ponferrada desfilaron durante todo el día ante la urna instalada para depositar su voto y pronunciarse sobre el preacuerdo alcanzado entre el comité de empresa y la dirección de la fábrica para aplicar un ajuste temporal de empleo que afectará de forma rotatoria a 621 de los 650 operarios en plantilla por un periodo de ocho meses, entre noviembre y junio. A la espera de que recoger los votos del turno de noche, que retrasaba hasta casi la medianoche el recuento de los resultados, el presidente del comité, Ursicino Sánchez confiaba en que la plantilla respaldará de forma mayoritaria los términos del preacuerdo.
Sánchez evitó detallar las condiciones del Erte antes de que votara el último de los trabajadores, pero fuentes sindicales han confirmado que el ajuste negociado comenzará afectando al 50 por ciento de la plantilla durante los dos últimos meses de este año y entre enero y junio será dos tercios de los trabajadores los que se quedarán en sus casas mientras un tercio mantiene la actividad en la fábrica de Santo Tomás de las Ollas bajo mínimos.
El preacuerdo no ha contado con el apoyo unánime de todo el comité de empresa porque la CGT no ha querido firmarlo. El sindicato anarquista ha justificado su decisión de no respaldar el preacuerdo en la negativa de la empresa a incluir una garantía del mantenimiento del empleo en la fábrica después del ajuste, a pesar de que la dirección asegura que está prevista una mayor carga de trabajo a partir del segundo semestre del próximo año
Fuentes sindicales confirmaron que el preacuerdo sí ha logrado que los trabajadores conserven las vacaciones del próximo año. Cada operario recibirá 220 euros en bruto lineales , dos pagas extraordinarias íntegras y dos proporcionales al tiempo trabajado.
Entre los sindicatos ha generado descontento que la empresa, insisten, no haya acreditado los motivos económicos y productos que les obligarían a aplicar un ajuste temporal de empleo.