El Gobierno aprueba la creación del nuevo juzgado en Ponferrada
Luz verde del Consejo de Ministros al juzgado número 6, de Familia
Palacio de Justicia de Ponferrada. L. DE LA MATA
El Consejo de Ministros dio, ayer, luz verde a un Real Decreto de creación de 70 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023 y entre ellos está el Juzgado de Primera Instancia número de 6 de Ponferrada, que tendrá competencias en materia de familia. La previsión es que empiece a funcionar a finales del próximo mes de marzo, según avanzó el juez decano, Óscar Hernáiz, hace tan solo unos días, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto 6/2023, en el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de Justicia, Función Pública, Régimen Local y Mecenazgo.
Además de la creación de los nuevos juzgado, el RD también conlleva la adecuación de la planta judicial. «El objetivo es canalizar el previsible incremento de la litigiosidad y adaptar la planta judicial a las necesidades existentes, para garantizar a la ciudadanía la efectividad de la protección judicial de sus derechos», explicaron fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en un comunicado posterior al Consejo de Ministros.
Además del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Ponferrada, en Castilla y León también se han aprobado dos plazas de magistrados para Segovia y Valladolid. En todo el territorio nacional son, en total, 36 nuevos juzgados y 33 plazas de magistrada/o en órganos colegiados, así como una plaza de juez o jueza de Adscripción Territorial, que se asigna al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para realizar funciones de refuerzo y sustituciones. Mención especial se ha hecho de la creación de nuevos juzgados exclusivos en materia de violencia de género y la formalización de nuevas agrupaciones de juzgados en esta materia.
«Este aumento de la planta judicial es una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la necesaria transformación del sector en nuestro país. El impacto que la buena marcha de la Administración de Justicia tiene en la vida social y económica es indudable y estas medidas contribuyen a una activación económica eficaz y a la tutela efectiva de los derechos y libertades», aseguró el ministro Félix Bolaños.