Los regantes desbloquean el plan de modernización del Canal Bajo

Hay un acuerdo mayoritario y con garantías para la ejecución del proyecto de modernización del Canal Bajo del Bierzo ya no solo por parte de las administraciones implicadas en su financiación —el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León— sino también de la comunidad de regantes que, además, ha concedido plenos poderes a la junta de gobierno para, en adelante, tomar las decisiones sin necesidad de convocar nuevas juntas extraordinarias. La celebrada ayer fue, casi con toda seguridad, la última antes del inicio de las obras en la principal arteria de riego del Bierzo y la concentración parcelaria ligada a estas. El sí a la firma del convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) para ejecutar un proyecto de algo más de 40 millones de euros salió adelante con 373 votos a favor y 57 en contra.

El director del Itacyl, Rafael Sáez, y el jefe del Servicio Territorial de Agricultura en León, Fidentino Reyero, participaron en la asamblea de regantes, celebrada en Ponferrada, para explicar en detalle los aspectos técnicos y económicos contemplados en el convenio antes de la votación. El 14 de febrero se celebrará el acto de firma entre todas las partes, según adelantó el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Bierzo, José Luis Prada. Con el respaldo de los comuneros, el inicio de las obras debería ser inminente una vez firmado el acuerdo. Cabe recordar que el plazo de ejecución expira en agosto de 2026 y, por lo tanto, la modernización debe estar terminada para entonces. «Estamos en tiempo, pero tampoco hay que dormirse en los laureles», afirmó Prada.

La satisfacción es máxima para los agricultores profesionales. La modernización del regadío permitirá reducir los costes actuales y competir en igualdad de condiciones con otros productores. Hace más de quince años se perdió la primera oportunidad y hubo un segundo intento infructuoso varios años después. En este caso, se cumple el refrán y a la tercera va la vencida gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una de las cuestiones pendiente de despejar es la aportación económica que tendrán que hacer los propios regantes. Un asunto que también se abordó en la junta general extraordinaria de ayer aunque, según el presidente de la comunidad de riego, se expusieron cifras aproximadas que dependerán de las condiciones del crédito y de los intereses. «Se ha establecido un máximo de entre 300 y 350 euros por hectárea y año, pero en obras hay unos tantos por ciento oscilantes que pueden influir en el coste final», explicó José Luis Prada.

Los regantes tendrán que asumir un 30% del total de la obra y queda excluida la parte que asume la Junta de Castilla y León que «es a fondo perdido», recordó el presidente de los comuneros, afirmando que, sea como fuere, el acuerdo les beneficia porque el estado actual del Canal Bajo del Bierzo es inviable en base a las normativas de gestión de agua impuestas a nivel europeo y para sus propios bolsillos. «Hay que intervenir sí o sí porque nuestras infraestructuras están obsoletas del todo y cuanto más esperemos, más caro será. El coste se ha incrementado una barbaridad desde que el proyecto de modernización se aprobó por primera vez en asamblea. Han subido los materiales y los intereses», relató Prada, explicando que «actualmente, la mayoría de los que tenemos árboles frutales estamos regando ya con pozo y por goteo y estamos pagando la cuota de la comunidad de regantes más el gasto energético de la infraestructura de riego. Nos sale mucho caro».

Compatibilizar con el riego

«Uno de los problemas que tendemos que enfrentar es que tendremos que seguir regando el tiempo que duren las obras de modernización», afirmó José Luis Prada. En resolver esto y organizar cómo se va a hacer están trabajando ahora en una comunidad que representa los intereses de más de 6.000 regantes y aglutina unas 4.000 hectáreas. En todo caso, la modernización no afectará a ese total, sino a unas 3.800 hectáreas. De este total de comuneros, menos de 300 son agricultores profesionales y una parte importante de la oposición al proyecto de los más de 40 millones de euros viene —dijo el presidente— de quienes no viven del campo. Entre quienes manifestaron ayer su disconformidad con los términos en los que se plantea el acuerdo están los propietarios de la zona de Fuentesnuevas y Columbrianos.

«Nos hemos quitado un gran peso de encima. Era el último tren que nos quedaba por coger», afirmó José Luis Prada. El proyecto avanza así hacia su materialización mientras a nivel administrativo y de impacto ambiental también se están pasando fases para poder iniciar los trabajos lo antes posible.