TRIBUNALES
Condenan a Ponferrada a pagar 86.800 euros por vulnerar derechos de una trabajadora
La empleada del Ayuntamiento presentó demanda en 2022 por sufrir graves riesgos psicosociales en un área del consistorio
Casa Consistorial de Ponferrada. L. DE LA MATA
El Ayuntamiento de Ponferrada ha sido condenado a indemnizar con 86.879,14 euros a una empleada municipal por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales con vulneración de derechos fundamentales y el añadido de responsabilidad por daños y perjuicios asociados. La trabajadora está adscrita al convenio municipal de personal laboral fijo.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, fue emitida por el Juzgado de lo Social número 1 de Ponferrada hace apenas unos días y contra ella cabe recurso de suplicación.
La demanda judicial presentada contra el Ayuntamiento por la trabajadora es de fecha 21 de noviembre de 2022, época en la que gobernaba el anterior equipo de gobierno que dirigía el alcalde socialista Olegario Ramón, ahora presidente del Consejo Comarcal del Bierzo.
La sentencia exige al Ayuntamiento el pago de 230,42 euros por copagos farmacéuticos; 7.578,72 por complemento de productividad impagado, a razón de 157,89 euros al mes por realizar trabajos de superior categoría desde enero de 2020. También 28.070 euros por daños físico-psíquicos por días de baja laboral y 36.000 euros por días de perjuicio básico bajo tratamiento médico, psicológico y farmacológico.
Dice la parte dispositiva del fallo judicial que «el Ayuntamiento de Ponferrada ha incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales» en la trabajadora que interpuso la demanda, «cuyo derecho fundamental a la salud e integridad psíquica ha lesionado».
Es por ello por lo que condena al Ayuntamiento «a identificar con exactitud las tareas a realizar por (...), con especificación de la remuneración inherente a las mismas». También a «realizar la evaluación de riesgos psicosociales del concreto puesto de trabajo» y «establecer la planificación preventiva, identificación de medidas, fechas de cumplimiento, personas designadas, su implantación y recursos asignados». También insta al Ayuntamiento a aprobar un protocolo de resolución de conflictos y a través del servicio de prevención de riesgos laborales a «efectuar un seguimiento durante dos años del proceso de reincorporación al trabajo (de la afectada), con el fin de asegurar que la integración no suponga riesgos». También condena al consistorio a publicar la sentencia, una vez sea firme, en el tablón de anuncios.
Básicamente, dejando a un lado los términos jurídicos de la sentencia, el Juzgado de lo Social ha decidido condenar al Ayuntamiento de Ponferrada a pagar esta importante indemnización de casi 87.000 euros (la trabajadora solicitaba 171.060,14 euros) porque la mujer tenía y desempeñaba una función superior a la reconocida inicialmente.
En el juicio quedó de manifiesto de manera acreditada con documentos que, por ejemplo, el 7 de mayo y el 29 de abril de 2020, respectivamente, la sección de Intervención y la de Tesorería emitieron informes favorables en relación con el cobro por parte de la empleada municipal de complemento de productividad por importe de 157,89 euros realizando trabajos de superior categoría, con efectos de 21 de enero de 2020. Sin embargo, no se los fueron abonando.
La mujer pasó por varios departamentos, incluida la sección técnica; trató de solventar el problema con los responsables, pero no sólo no lo consiguió, sino que su situación se complicó hasta el punto de llegar a enfermar negándole derechos ya reconocidos.
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Segunda sentencia del anterior mandato
Esta sentencia a favor de una trabajadora municipal emitida ahora es la segunda que corresponde al mandato del anterior alcalde Olegario Ramón en la que se determina que hubo vulneración de los derechos fundamentales.
La primera, como se recordará, fue emitida de manera firme por el Tribunal Supremo en 2021 y obligaba al por entonces alcalde de Ponferrada a reconocer derechos que negó a la oposición en pleno.
La oposición municipal de aquel 2021 reclamaba —en proporción a su representación— los mismos servicios de los que disfrutaba el equipo de gobierno con cargos de confianza. La postura del por entonces regidor, Olegario Ramón, de negarse a dar esos servicios al resto de los grupos fue finalmente enmendada por el Supremo. En un principio, la demanda ganada en el Supremo la presentaron de forma conjunta el PP de Marco Morala, Ciudadanos de Ruth Santín, USE de Samuel Folgueral y el PRB de Tarsicio Carballo. Luego, sólo decidieron seguir adelante con el proceso los concejales de Ciudadanos y USE, a los que el Tribunal Supremo le dio la razón.