¿El plan contra la despoblación es borrar del mapa los pueblos más pequeños?

Hasta hace unos meses, prácticamente nadie que no fuera del municipio de Igüeña había oído hablar de Los Montes de la Ermita. Un pueblo oficialmente deshabitado desde los años 80, cuya Entidad Local Menor fue suprimida en 2021 por falta de pobladores, pero con varias casas bien arregladas y perfectamente acondicionadas para su habitabilidad, principalmente en época estival y los fines de semana. Casi nadie hubiera podido colocar en el mapa este pueblo de montaña asentado a los pies del Pico Catoute, en El Bierzo, hasta que su nombre saltó a la palestra pública porque el Ayuntamiento de Igüeña se negaba a empadronar allí a un vecino que así lo había solicitado y tuvo que ordenarlo la justicia. 

Ahora, el PP en la oposición confirma que ese "no" a Abel Crespo (el vecino) no es el único que ha dado la administración local a quien ha pretendido seguir los pasos del único descendiente de Los Montes que ha tenido el valor de llevar el asunto hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que es el último que se ha pronunciado dándole la razón. "Se está denegando el derecho de empadronamiento en Los Montes de la Ermita a todas las personas que lo solicitan, que son más de una y de dos, aún teniendo vivienda en propiedad en perfectas condiciones de habitabilidad", ha afirmado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Igüeña, Gonzalo Álvarez.

Este concejal, como el otro único edil de la oposición -perteneciente a Coalición por El Bierzo (CB)- votó en contra del manifiesto firmado por el propio alcalde, uno de sus concejales y los representantes de ocho juntas vecinales para dejar por escrito que no quieren que Los Montes vuelva a ser un pueblo. Literalmente, el escrito recoge que se oponen a la creación de "un nuevo pueblo", algo que no se entiende bien a tenor de que su existencia es evidente y de que otros organismos, como la Diputación de León, el Instituto Nacional de Estadística y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil así lo reconocen. Por eso -dice el concejal del PP- ese manifiesto es "un absurdo" y "una ocurrencia" para "intentar frenar el derecho que ampara a estas personas".

Gonzalo Álvarez aseguró, además, que para la aprobación en pleno de dicho documento, "se ha forzado la firma de apoyo de las juntas vecinales de Igüeña bajo la falsa amenaza de que se está poniendo en peligro la supervivencia del resto de pueblos". "¿Alguien puede creerlo?", se pregunta.

El concejal de la oposición también recordó  "el derecho que ampara a cualquier ciudadano de este país a empadronarse en el lugar en el que vive o quiere vivir, independientemente de los intereses, gustos, planes o preferencias de cualquier mandatario municipal, cuya labor en estos casos no es otra que la de velar porque los solicitantes cumplan los requisitos y que el procedimiento se ajuste a la ley. Dos condiciones que, como dictan distintas resoluciones judiciales, se cumplen sin ningún tipo de duda".

Ante esta "insólita situación", el PP le pregunta al alcalde, Alider Presa, “si la verdadera estrategia de lucha contra la despoblación que tanto defiende este gobierno municipal socialista, consiste en cerrar los pueblos más pequeños y hacerlos desaparecer del mapa".

"Es lamentable que, ante la voluntad de un ciudadano que nació, ha vivido y quiere vivir en su pueblo, en el que posee una vivienda que quiere recuperar como domicilio habitual, se haya tenido que recurrir a la justicia para amparar sus derechos democráticos", concluyó Álvarez, reprochándole al regidor su "actitud y las torticeras maniobras".