El PSOE encuentra el apoyo de VOX para tumbar la ZBE que impulsó en su mandato

"La responsabilidad de toda índole, y no solo la política, no será del alcalde y los concejales de este equipo de gobierno, sino de los que han votado en contra". El Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada ha tumbado este martes, con los votos en contra de lo que el alcalde ha calificado como el "bloque PSOE-VOX", la aprobación inicial de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital del Bierzo.

Morala ha dicho esa frase en una declaración al final de la sesión, cuando ya se conocía el resultado de la votación, que abre un nuevo escenario que puede llevar al Ayuntamiento a tener que devolver a Europa casi tres millones de euros si no se cumple finalmente con los parámetros de la ZBE antes del 31 de diciembre.

Ha sido en una sesión bronca, con duras acusaciones entre el portavoz socialista, Olegario Ramón, y el teniente de alcalde de CB, Iván Alonso, en la que el PSOE ha presentado hasta 12 enmiendas minutos antes del debate y con una intervención final de Marco Morala donde ha puesto en evidencia que la elección de la ZBE en el entorno de la plaza de Lazúrtegui y el mercado se hizo, en el mandato de Olegario Ramón, sin estudios previos sobre su impacto económico, ni sobre el tráfico y su derivada hacia otras calles, ni sobre contaminación, ni teniendo en cuenta la existencia de un centro comercial a 800 metros y su efecto en el comercio del centro.

Según Morala, el equipo de gobierno encabezado por Olegario Ramón eligió una zona "aleatoria" del centro. "Esto no se puede hacer a capricho; tenía que haber estado justificada", añadió. Y se hizo, continuó, sin mediciones que, en el caso de los vehículos, tenían la paradoja de que no había estaciones para su control en ese área. "El PSOE lo sabía y le dio igual", criticó.

Dolido también  por la actitud del PSOE en la votación, Morala  dijo que los socialistas han pasado a ser "asustaviejas", al advertir de unos niveles de contaminación propios de Pekín y no de Ponferrada con su propuesta para justificar su rechazo a una norma que se decidió en su mandato.    

Ha acusado a los socialistas también de demorar su aplicación solo con fines electores, ya que, según ha dicho, tenía que haber estado aprobada en diciembre de 2022, siete meses antes de las elecciones del 23-J. "No quiero pensar que el motivo fueran las elecciones municipales", ha ironizado el alcalde en una declaración final en la que ha defendido que él y su equipo de gobierno solo pretendían esta mañana solucionar un problema heredado del anterior gobierno socialista de Olegario Ramón.

Hasta entonces, el Pleno había estado protagonizado por el enfrentamiento entre Olegario Ramón e Iván Alonso después de que los socialistas plantearan elevar los niveles para aplicar restricciones en el tráfico, que afectarían en primer lugar a los coches sin etiqueta. "Nuestro única preocupación es la salud de las personas", había dicho Ramón en la exposición de su propuesta, que pedía también que las multas empezaran a ponerse el 1 de enero de 2026, antes de las próximas elecciones municipales. Así planteaba añadir, dentro de los índices de control del aire, el monóxido de carbono (CO) como sustancia contaminante y modificar los valores límites contaminantes, especialmente del dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, "adaptándose a la reciente normativa europea y las directrices de la OMS".

Alonso rebatió a Ramón diciendo que se trataba de "una descomunal" propuesta "completamente irrealista". "¿Qué broma es ésta?", se llegó a preguntar en voz alta el portavoz de CB.

Ramón, en su segunda intervención para defender sus enmiendas -VOX no tomó la palabra en este debate previo- cuestionó que Alonso se hubiera llegado a leer la propia propuesta de ordenanza que el equipo de gobierno llevaba a Pleno. A las 12 enmiendas, solo votó a favor el PSOE; incluso VOX en este caso se sumó al equipo de gobierno PP-CB.

Ya en el debate del punto de la ordenanza, la portavoz del PP, Lidia Coca, citó con nombres y apellidos a los técnicos responsables del texto que llevaban a Pleno, como prueba de que el único interés del equipo de gobierno es aplicar la norma, obligatoria en todas las ciudades del país de más de 50.000 habitantes, sin poner en riesgo el comercio del centro ni efectos para los vecinos, por tener coches antiguos sin etiqueta ambiental. "Solo queremos convertir un problema en una virtud y buscar soluciones a una situación heredada", se justificó. En Ponferrada, según dijo también Lidia Cosa, solo hay 1.502 con distintivo ecológico en un parque que supera los 48.000 vehículos.

La portavoz de VOX, Patricia González, se erigió en la única defensora de que no se aplique la Zona de Bajas Emisiones en Ponferrada y acusó al PP de "derechita cobarde" por plegarse ahora a traer una propuesta de ordenanza. "¿Se pondrían una soga al cuello por 3 millones? Parece que quieren ahorcar a la hostelería y el comercio", sentenció en su intervención.

Alonso, en nombre de CB, explicó que su grupo "solo quiere que la gente venga al centro" y que la propuesta de la ordenanza cumplía "perfectamente" con la ley. "Nuestro mensaje es que se puede ir al centro y cumplir la ley", insistió.