TRIBUNALES
TSJ ratifica la absolución del alcalde de Toral de los Vados de la acusación de acoso laboral
El alto tribunal confirma la sentencia del juzgado de lo Social de Ponferrada que desestimaba la denuncia contra Pedro Fernández
El alcalde de Toral de los Vados, Pedro Fernández, (en el centro) arropado por un grupo de vecinos en los juzgados de Ponferrada.
No hubo acoso laboral. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de ratificar la absolución del alcalde de Toral de los Vados, el independiente Pedro Fernández, de la demanda por acoso laboral que le había interpuesto un trabajador del Ayuntamiento que le reclamaba el pago de una indemnización de 225.018, según informan desde el equipo de gobierno municipal. Fernández había sido acusado de acoso laboral y de una infracción en materia de prevención de riesgos laborales por un oficial de primera fontanero que llevaba ocho meses de baja. Pero el juzgado de lo Social número dos de Ponferrada le absolvió a finales de febrero.
El denunciante aseguraba que era víctima de una represalia política porque se había presentado a las elecciones a la Junta Vecinal de Otero en las filas del PP y su hija había figurado en la lista de los populares en el municipio de Toral. El operario denunciaba que el regidor le había retirado el uso de una furgoneta y le había puesto a limpiar un almacén donde el baño era insalubre, y a colocar plaquetas después, además de burlarse supuestamente de su trabajo. Pero tanto el juzgado de lo Social como el TSJ han desestimado los argumentos del demandante.
El alcalde, que ganó las elecciones como independiente después de ser excluido del PSOE tras varias mandatos gobernando como socialista, atribuyó la denuncia, sin embargo, a sus propios ex compañeros de partido, que no habrían "asimilado el resultado de las elecciones". En el juicio, declaró como testigo el concejal socialista David Voces. "Lo tenía castigado", manifestó entonces Voces del trato del alcalde al fontanero.
El equipo de gobierno de Toral informa que el fallo del TSJ reconoce además la legalidad del juicio celebrado en Ponferrada el 19 de febrero, a pesar de que la representación del denunciante mostraron su disconformidad porque el alcalde habría usado su teléfono móvil durante la vista para comunicarse supuestamente con los testigos por mensajería. La sentencia del TSJ todavía no es firme y cabe interponer un recurso de casación.