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El PSOE hace su última oferta sobre la ZBE de Ponferrada: 1 de enero de 2027

Ramón dice al PP que es "la última cesión" que hacen para intentar llegar a un acuerdo

Rueda de prensa del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada.

Rueda de prensa del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada.DE LA MATA

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Ponferrada

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El PSOE de Ponferrada desveló este jueves que ha propuesto al equipo de gobierno de Ponferrada la entrada en vigor de las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones, ZBE, el 1 de enero de 2027 como «última cesión» para llegar a un acuerdo que permita aprobar la norma.

«Hemos cedido mucho. Propusimos enero de 2026 y julio de ese año y ahora esta fecha. Es la última cesión. Aprobar la normativa y que la ZBE entre en vigor y no haya que devolver la subvención europea es tan fácil como aceptar esa fecha y que, en caso de contaminación, las medidas entren de forma paulatina», explicó el portavoz del PSOE, Olegario Ramón quien además censuró las palabras del concejal de Hacienda, Luis Antonio Moreno, quien pidió que no se use este tema de forma política. «Lo piden ellos que quieren que las sanciones entren en vigor cuando ya no gobiernen», dijo.

Por otro lado Ramón insistió en que el actual equipo de gobierno «gasta sin límites» y advirtió que llegarán «informes demoledores del Tribunal de Cuentas». En ese sentido recordó la existencia de un informe de la interventora municipal en el que dice que es necesario controlar el gasto. «Y mientras gastan 327.000 euros en alumbrado de fiestas y en esculturas como la del mirador de la Tebaida y para sustituir la de la rotonda de los ciclistas», lamentó. Además el socialista negó que los 15 millones de euros que el Ayuntamiento debe pagar sean consecuencia de una mala gestión de su gobierno. Volvió a recordar que la mayor parte de los 7 millones de euros que reclama la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, FCC, en concepto de liquidación del anterior contrato, provienen de la decisión adoptada en 2017 por la alcaldesa del PP, Gloria Fernández Merayo, quien para acabar con la huelga aceptó asumir el coste del acuerdo alcanzado entre la empresa y los operarios. Por otro lado, y respecto a los más de tres millones que pide la empresa concesionaria del Agua, Aquona, por no haber aplicado desde hace años la subida del precio del agua, Ramón dijo que en 2019 ellos subieron el recibo un nueve por ciento «a pesar de ser una medida impopular. Por entonces el actual alcalde dijo que era un despropósito.

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