Trabajadores de Friger piden en el juicio pagos de 1 millón de euros desde el 2011

En el Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada, que lleva el magistrado Óscar Hernáiz, se celebraba este martes el juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes con insolvencia punible contra la familia fundadora y los cuatro hijos de la empresa Friger (Mercantil Española de Refrigeración SL), tras la denuncia de 23 empleados que no cobraron sus emolumentos e indemnizaciones en 2011, por la quiebra y cierre de esta conocida empresa con implantación en el Bierzo, pero con fuerte despliegue económico y laboral en el resto de España.

La acusación contra los responsables de la empresa la ejercieron la Fiscalía y Miguel Hernández, el abogado de 22 empleados, dado que uno de los trabajadores renunció porque cobró ya lo adeudado, después de elevar su situación a un Juzgado de lo Social de Orense. En el caso de los 22 trabajadores del Bierzo que ahora piden los pagos atrasados, reclaman —de media— unos 50.000 euros cada uno. Esto supone un montante de más de un millón de euros, que con la aplicación de los intereses de demora podrían alcanzar la cifra global de casi los dos millones de euros de indemnizaciones. Su abogado dijo que se trata de un caso «de libro» de alzamiento y desvío de bienes en una empresa familiar. A la pena solicitaron también la petición de 3 años de cárcel.

Los trabajadores que presentaron la denuncia permanecieron un año sin cobrar antes de que toda la empresa fuera al traste. Luego, sólo lograron ingresar la parte que pone el Fogasa (el Fondo de Garantía Salarial), que fue entorno al 30% de lo adeudado.

Friger se fue a la ruina en esa época de crisis general de 2011, pero quedaron bienes inmuebles y, además de los trabajadores que presentaron la denuncia, en lista de espera hay también otros acreedores que reclaman lo suyo.

Los 6 acusados

En el banquillo de los acusados se sentaba este martes con 85 años el patriarca de esta saga familia empresarial (su esposa fallecía el año pasado), dedicada a la fabricación de maquinaria de frío principalmente para hostelería y otros encargos de refrigeración industrial. Tanto Silvestre Blanco, como su hermano Bienvenido, que llevaba la delegación independiente desde Asturias, así como el resto de los hijos del primero (José, Gabriel, Alberto y Elena), coincidieron en sus declaraciones previas escritas —y este martes parte de ellos con su pronunciamiento verbal ante el magistrado— en asegurar con rotundidad que no tuvieron en ningún momento intención de perjudicar a los trabajadores. Declararon que su pretensión siempre fue dar prioridad en los pagos a la plantilla, pagándoles con bienes, dado que no había liquidez en efectivo, puesto que de aquella fue imposible vender la mayoría de los inmuebles por la crisis y rápidamente se echaron sobre ellos los bancos por el impago de los créditos aún vigentes.

Con un sindicalista en el coche

Silvestre Blanco, el fundador de la empresa, debido a su edad no declaró. Pero sí le dijo al juez en la vista que se ratificaba en todo lo dicho anteriormente por escrito. Quien sí dio detalles en su versión empresarial fue uno de los hijos del empresario, que trabajaba como abogado facturando a Friger su labor, pero sin nómina de la empresa. Gabriel Blanco explicó que sólo pudieron vender una nave industrial que tenían en Trobajo del Camino, en la ciudad de León. El inquilino que la tenía alquilada fue el que la compró por 550.000 euros. Y ese dinero era para pagar a los trabajadores.

Como prueba de ello, Gabriel dijo al juez que llevó en su coche a uno de los integrantes del comité de empresa para que viera que no había nada que ocultar en esa única venta. El resto de los bienes no se pudieron vender y de lo vendido también vino encima el embargo de los bancos, entre ellos estaba Iberaval.

Una visión diferente aportó el abogado de los trabajadores, que como la Fiscalía, argumentó que hubo alzamiento y desvío de bienes que no han aparecido.

Ahora, escuchadas las partes, tendrá que ser el magistrado Hernáiz quien dicte sentencia.

TRABAJADORA AFECTADA: «VIMOS LO QUE VENÍA»

Por los trabajadores, Ramona Vals hablaba con los periodistas. Dijo que la empresa los engañó y pidieron rescisión de contrato, «porque el resto entraron en el Erte, y así no podían reclamar de ninguna manera». «Nosotros vimos lo que venía, 22 personas porque una ya cobró; y una parte nos la pagó el Fogasa y el resto nos lo deben», dijo.

ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA: "QUISIMOS PAGAR CON BIENES, PERO NO PUDIMOS"

José Blanco, uno de los hijos de Silvestre, se puso al frente de la empresa en 2011 como administrador. Fue en los momentos ya complicados. Aseguró en su declaración al juez que propusieron la dación de bienes para compensar a los trabajadores, dado que eran a los primero que querían evitar los impagos. «Intentamos que los trabajadores cobraran, y se ofrecieron bienes y lo único que se pudo vender fue la nave de León, que fue para salarios. Se llegó a un endeudamiento elevado y falta de liquidez; y la idea era buscar una solución de continuidad. Se hizo informe de viabilidad y no hubo entendimiento con los trabajadores», manifestó.