Ponferrada llevará a pleno este mes la Zona de Bajas Emisiones sin acuerdo con la oposición

El equipo de gobierno de Ponferrada llevará otra vez a pleno la aprobación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aunque no se haya cerrado un acuerdo con la oposición que permita pensar en que saldrá adelante. Ya fue rechazada en mayo, tanto por el PSOE como por Vox, y la cosa pinta de igual manera. La idea del gobierno local es incluirla en el orden del día del pleno ordinario de este agosto manteniendo la laxitud que han solicitado los comerciantes y los hosteleros de la zona centro de la ciudad, ha insistido este jueves la concejala de Presidencia, Relaciones Institucionales, Fondos Europeos, Transparencia y Fomento, Lidia Coca.

"Hemos tenido reuniones con los representantes del comercio y de la hostelería en reiteradas ocasiones y lo que nos piden es que hagamos la ordenanza más laxa posible, que facilitemos el acceso en coche al centro, respetando siempre los niveles de contaminación, y en ello seguimos. Si el PSOE no quiere ayudar a los ponferradinos, ellos sabrán. Y lo mismo le digo a Vox. Nosotros estamos aquí para ayudar a los ponferradinos", defendió Coca.

La aprobación de la Zona de Bajas Emisiones, que limita el acceso de vehículos a la almendra central de Ponferrada, se ha convertido en uno de los grandes escollos para el equipo de gobierno de PP y Coalición por El Bierzo (CB), que plantean una norma sin multas ni restricciones al tráfico. La zona incluida se acotaría a los coches solo cuando los índices de contaminación del aire así lo determinaran. Pero esa ordenanza no convence al principal grupo de la oposición que, en el pleno en la que fue rechazada, presentó hasta doce enmiendas. 

La entrada en vigor del régimen sancionador en enero de 2026 (aunque más tarde se acordó alarga ese plazo un año, hasta 2027), la aplicación sucesiva de las restricciones en caso de superar los niveles de contaminación y modificar valores límites contaminantes fueron las propuestas socialistas. Por su parte, el voto contrario de Vox responde a que "crea desigualdad entre los ciudadanos, restringe el derecho de libre circulación y acabaría con el comercio local y la hostelería del centro de Ponferrada", consideró su portavoz, Patricia González. 

De no salir adelante la ordenanza y no aplicarse la ZBE, el Ayuntamiento de Ponferrada deberá devolver 2,4 millones de euros de fondos europeos.