Piden 3 años de cárcel para un exalcalde de Cacabelos y una funcionaria por malversación

La Fiscalía de Ponferrada ha remitido un escrito de calificaciones al Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad en el que solicita la apertura de juicio oral para el que fuera alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez,  y también una funcionaria como colaboradora necesaria por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Por ello, en base a las conclusiones recabadas, la Fiscalía solicita para los dos encausados imponer a cada uno la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo durante ochos años. También el pago de las costas. De igual forma, solicitan para ambos acusados una  indemnización conjunta y solidaria para el Ayuntamiento de Cacabelos en la suma total de 6.893,46 euros, con la aplicación de los intereses legales previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Según el escrito de la Fiscalía de Ponferrada, "el acusado, sin antecedentes penales a la fecha de los hechos, actuando de común acuerdo con la también acusada, sin antecedentes penales, cometieron los siguientes hechos: El acusado , tras la celebración de las elecciones municipales del año 2015, fue proclamado en junio de 2016 alcalde de la localidad. De entre sus varias funciones en el ejercicio de su cargo estaba la de ser Jefe de Personal respecto de los trabajadores que prestaban sus servicios al Ayuntamiento". "En esta tesitura, -avanza el fiscal- prestaba sus servicios en calidad de Secretario Interventor titular del Ayuntamiento de Cacabelos desde tiempo anterior, de tal manera que en noviembre de 2015 tuvo una baja médica por un problema de salud, de modo que en ese momento la otra acusada fue contratada para sustituir a como Secretaria Interventora. Posteriormente, el 12 de enero de 2016, obtuvo el alta médica, por lo que intentó reincorporarse a su puesto de trabajo. Sin embargo, el acusado , en una decisión injusta, arbitraria y contraria a derecho y por la que fue condenado por la Audiencia Provincial de León como autor de un delito de prevaricación a una pena de nueve años de inhabilitación, le impidió tal incorporación, manteniendo en el cargo a la también acusada, quien, pese a saber que tenía que cesar en el cargo porque así había sido requerida por el departamento competente de la Junta de Castilla y León, se mantuvo en el mismo, haciendo caso omiso a los requerimientos efectuados. De este modo, el Ayuntamiento de Cacabelos, bajo la dirección y órdenes del alcalde y ahora acusado, con total conocimiento de la ilicitud de ese doble pago y desde la fecha de 12 de enero de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2016, ambas incluidos, abonó dos sueldos a dos secretarios-interventores distintos, tanto a quien legítimamente le correspondía, como a la otra acusada, quien se aprovechó de tal circunstancia al no cesar cuando había sido requerida para ello y cobró las cantidades totales en ese período aludido".

En base a los cálculos recabados por la Fiscalía, de 12 de enero de 2016 a 31 de marzo de 2016, ascendió a 6.893,46 euros, "causando con ello un perjuicio económico a las arcas municipales de Cacabelos" en esa misma cantidad.