La Audiencia juzga este lunes al alcalde de Barjas por prevaricación

En la Audiencia Provincial de León se juzga este lunes y previsiblemente también ma´ñana martes al alcalde más veterano del Bierzo, al socialista Alfredo de Arriba, que lleva de regidor de Barjas casi cuatro décadas. El veterano mandatario municipal está acusado por ocho vecinos de un presunto delito de prevaricación administrativa. A la acusación se ha unido también la Fiscalía de Ponferrada.

Además del regidor, también se sentará en el banquillo judicial como acusada de lo mismo la secretaria municipal, A.E.G.S.. La Fiscalía y los ocho denunciantes solicitan una pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público, así como para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de 12 años.

Se da la circunstancia previa que la denuncia contra el alcalde de Barjas y la secretaria municipal habilitada la gestionó el Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada. Ante esta instancia, la Fiscalía de Área indicaba en sus conclusiones provisionales que el alcalde, el 18 de julio de 2020 acordó de oficio la iniciación de un procedimiento de potestad de investigación a fin de resolver las dudas sobre la titularidad de una serie de bienes inmuebles en la localidad de Barjas, disponiendo que por la secretaria se emitiera informe sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. De esta forma, se acordó en el pleno extraordinario de Barjas del 13 de julio de 2020 incoar expediente de investigación de la titularidad de bienes inmuebles. publicando el acuerdo en el BOP.

Asegunran desde la Fiscalía que, a pesar de las alegaciones presentadas por nueve vecinos interesados, adjuntando documentos acreditativos de la titularidad de los inmuebles en Barjas, el acusado, actuando como alcalde firmó una providencia el 6 de agosto de 2020, acordando recabar informe de los servicios técnicos. Posteriormente, la secretaria también denunciada, «a sabiendas de la ilegalidad», firmó un informe-propuesta, en el que propone que deben ser desestimadas las alegaciones de los demandantes. A continuación —sigue la Fiscalía—, el alcalde, «a sabiendas de la ilegalidad», convocó el 29 de noviembre de 2020 pleno extraordinario y llevó al mismo la resolución del expediente de titularidad de bienes.