TRIBUNALES
Un hostelero berciano gana a una eléctrica el pago de facturas
La suministradora de luz le aplicó una regularización ilegal y no cobrará 6.187 euros
El caso fue ganado por el hostelero en el Juzgado 8 de Ponferrada y lego en la Audiencia. L. DE LA MATA
Dos sentencias judiciales, una del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Ponferrada y la otra de la sección segunda de la Audiencia Provincial de León, dan la razón al dueño de un establecimiento hostelero del Bierzo al recurrir el pago de un recibo eléctrico de su negocio, después de que la empresa eléctrica suministradora de la luz le aplicarse una regulación del servicio y lo demandase por impago.
El fallo judicial, ganado en dos instancias por el abogado ponferradino Roberto Soto, del despacho Soto Abogados, permitió al empresario hostelero radicado en una localidad del Bierzo ahorrarse el pago de casi 7.000 euros. En concreto, de 6.187,58 euros que le reclamaba una entidad mercantil eléctrica dedicada a la intermediación en la negociación, compra y venta de energía y productos energéticos, con domicilio social en Barcelona.
El propietario del establecimiento hostelero pagó religiosamente sus recibos, pero las diferencias surgieron cuando la suministradora le aplicó una revisión del contrato, de fechas anteriores. La empresa le giró nuevas facturas por el consumo de luz, por el importe citado de 6.426,89 euros, en concepto de regularizaciones de los últimos seis meses del año 2021. Cuando la empresa hostelera abonó las facturas que le iban girando había abonado por ese periodo 3.800 euros, y en el año 2022, la mercantil de intermediación le reclama judicialmente al hostelero el pago de esas facturas más los intereses, gastos y costas.
Así, el Juzgado de Primera Instancia 8 de Ponferrada desestima la demanda, y a la Audiencia desestima el recurso de apelación de la empresa suministradora mediante sentencia dictada en este 2024.
La empresa alegó que las regularizaciones eran ilegales y corresponden al consumo del negocio hostelero, que acreditó con su abogado que las regularizaciones no tenían base legal. «El negocio hostelero fue sometido a un procedimiento judicial durante más de tres años, con el riesgo de perder el procedimiento judicial y que también pudiese implicar la pérdida de viabilidad del mismo, frente a gran empresa del sector eléctrico», manifestaba Roberto Soto a este periódico.
El hostelero contestó a la demanda de la eléctrica denunciando que ésta no aportó el contrato de suministro, y por eso impugnó las facturas reclamadas.