Los abogados del PSOE echan en cara al juez falta de pruebas

A título particular, Charo Velasco simplemente expresó ayer su «profundo respeto» a la decisión judicial, pero por supuesto sin compartirla. La candidata del PSOE considera que a tenor de las consideraciones del gabinete jurídico de su grupo político es necesario recurrirla ante instancias superiores. Los abogados que han llevado el caso mantienen en contra de las determinaciones del juez del número 5 que «los hechos denunciados y las actuaciones llevadas a cabo por Pongesur constituyen clarísimamente un delito de prevaricación, y en su caso, un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente». Los letrados de la acusación se agarran al único punto del auto de archivo en el que el juez se muestra más contemplativo con las denuncias del PSOE al señalar que pueden existir ciertas irregularidades administrativas en la tramitación de los concursos de venta de parcelas y adjudicación de la montaña de carbón. «La existencia de una ilegalidad administrativa tras otra, consideradas en su totalidad», sostienen los abogados del grupo socialista, «sí podría ser tipificada como delito de prevaricación». Más declaraciones En cuanto al auto en general, los representantes legales del PSOE echan en carga al juez que no practicase más pruebas. «No basta la declaración de los imputados, ni la declaración de dos únicos testigos, sobre todo teniendo en cuenta la contradicción existente entre ambas declaraciones, tal y como infiere el propio auto», recriminan al titular del número 5. También consideran insuficiente a prueba documental practicada. En torno a la desestimación de la posible comisión de un delito contra el medio ambiente al hilo de la retirada de los escombros del Toralín se refieren como crucial para evitar el sobreseimiento a la respuesta de la Comisión Europea a la parlamentaria socialista Soraya Rodríguez sobre la necesidad de que se cumpla la normativa comunitaria en cuanto al traslado de residuos.