Profesionales forestales piden que los jurados no juzguen delitos de incendio
Un trabajador de una cuadrilla forestal, en una imagen de archivo
La Asociación Forestal de Castilla y León (Profor-Forescal), que agrupa a profesionales del sector en la comunidad, ha emitido una nota de prensa para reclamar que no se cuente con los jurados para enjuiciar los casos de fuegos intencionados. Forescal, que se presonó como acusación popular en el reciente juicio con jurado de un vecino de Igüeña que finalmente ha sido condenado como autor de un incendio que devastó 400 hectáreas, considera que «el estudio de las purebas técnicas de tipo pericial y de incriminación obligan a que los miembros del jurado tengan suficiente capacidad reflexiva y conocimientos para el adecuado entendimiento y ponderación de las mismas», pero «la experiencia demuestra que hasta el momento esto no se ha producido». Forescal advierte que ha comprobado como los miembros de muchos jurados «no aciertan a comprender aspectos tan improtantes como los daños ocasionados por la erosión o la pérdida de las rentas cinegéticas», ni suelen compartir que el coste de los gastos de extinción recaiga sobre el condenado. «Enjuiciar delitos de incendio forestal por parte de los miembros d eun jurado que en su mayoría, de forma directa o indirecta provienen del medio rural, origina una falsa compasión a favor de las personas encausadas, lo que les impide comprender la gravedad y los perjuicios que un incendio forestal ocasiona». Forescal también alude al bajo nivel intelectivo y al alcoholismo crónico del condeando por el incendio de Igüeña para insistir en la existencia de «marginados sociales» o personas con escaso intelecto que provoca incendios forestales. «Estas personas utilizan el fuego como un elemento para atraer hacia su persona la atención popular y autoestimarse dentor del círculo social que les rodea», lo que conduce a a que surja «la ley del silencio» que tantas veces ha oculado el origen de un incendio en base a «la compasión que provocan por su estado». Forescal pide «una tutela más efectiva» de estas personas, porque en épocas de riesgo «resultaría más barato internarlos en centros adecuados que gastar dinero en apagar los incendios».