El alcalde de Toral, denunciado por prevaricación en un concurso laboral

El alcalde de Villadecanes-Toral de los Vados tendrá que explicar en los juzgados por qué el denunciante, Eduardo Silva, se encuentra actualmente en paro cuando en abril del año pasado fue seleccionado por el tribunal calificador de las pruebas para ocupar un puesto fijo como albañil del Ayuntamiento. Silva decidió denunciar al regidor municipal por un presunto delito de prevaricación después de que el alcalde, tras las alegaciones presentadas por otro de los aspirantes al empleo, emprendiera diversas actuaciones tendentes en todo caso a anular los resultados del concurso. Fernández pospuso el nombramiento del seleccionado y su acceso al puesto de trabajo, y siempre según consta en la denuncia, procuró que accediera a la plaza el opositor que a juicio del tribunal calificador no superó las pruebas. El alcalde incluso llegó a convocar por segunda vez a los miembros del tribunal, que acabaron ratificando el nombramiento del denunciante por tratarse de la persona que más puntuación había obtenido. A pesar de esta ratificación, el presidente de la Corporación local aún recabó un informe de la Secretaría de Intervención sobre la posibilidad de dejar sin efecto las pruebas, pero se encontró con una resolución en la cual se indicaba expresamente que las decisiones de los tribunales de selección son vinculantes para la administración. Fernández, no obstante, «sin ningún apoyo legal y a sabiendas de la injusticia que se estaba cometiendo», según el autor de la denuncia, emitió un acuerdo por el que se declaraban nulas las pruebas y vacante la plaza de oficial de segunda. Y alegó que el tribunal calificador no estaba correctamente constituido. Paradójicamente, sin embargo, los integrantes del órgano de selección eran los mismos que valoraron la contratación de un auxiliar de biblioteca y de dos oficiales de primera de la construcción, que sí que se incorporaron a sus labores municipales sin ningún problema. El vecino de Toral que se siente perjudicado por la intervención del alcalde en este proceso también ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de León a través del que persigue su admisión con personal laboral fijo. Pedro Fernández comparecerá el martes 18 en los juzgados ponferradinos en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa. Si se determina la celebración de juicio en la vía de lo penal, el alcalde se enfrentaría a una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público entre los siete y los diez años.