La Junta se muestra tranquila ante la querella por la cacería de las vacas

En su querella, ANPBA solicitó la inmediata paralización de las cacerías y las calificaron de «masacre» autorizada por la Junta de Castilla y León. Lozano, sin embargo, abundó ayer en las últimas manifestaciones del consejero de Agricultura y Ganadería e insistió en que la actuación no es ilegal. «No nos preocupa porque tenemos bien claro que cumplimos la legislación», subrayó para recordar que la Ley de Caza de Castilla y León establece que los animales domésticos asilvestrados podrán ser abatidos por razones sanitarias o de equilibrio ecológico. El titular de Producción Agropecuaria destacó asimismo que la Junta está realizando un «esfuerzo adicional» para retirar y llevar al crematorio de Rebisa a todas las reses abatidas y negó que el traslado de las vacas y toros muertos se esté llevando a cabo con lentitud, dado que el pasado martes aún había reses en cauces de agua y entre árboles. Lozano afirmó que el 90% de las vacas ya han sido trasladadas para su incineración y apuntó que el peso de las reses -hay toros de más de 500 kilos- y la complicada orografía, dificultan las labores. Lo que la Junta no tiene claro aún es la alternativa que finalmente empleará para eliminar estos animales. El responsable de Producción Agropecuaria indicó que varios expertos y técnicos están estudiando qué hacer con ellos. «Espero que los expertos nos transmitan nuevas informaciones a sabiendas de que los sistemas que se están proponiendo ya se hicieron en el mes de octubre sin éxito», advirtió. Por su parte, el procurador socialista, Antonio Losa, recibió ayer con satisfacción la paralización de las cacerías. A su juicio esta decisión demuestra que la actuación aprobada por la Junta era «manifiestamente ilegal».