Los veterinarios atacan y Llorente insiste en el robo de terneros
El Colegio Oficial de Veterinarios de León calificó ayer de «ligereza» las acusaciones vertidas por el secretario regional del PSOE, Ángel Villalba, y el sindicalista de UGAL-UPA, Matías Llorente, hacia los profesionales de este gremio encargados de supervisar las cacerías de vacas en montes de Benuza. El Colegio expresó su «total rechazo y disconformidad» con las declaraciones de Villalba y Llorente, a quienes criticó por «cuestionar la profesionalidad» de los veterinarios y acusarles de participar en el reparto de terneros abatidos. Este colectivo considera que «estas imputaciones de actuaciones corruptas, en ningún caso, se han demostrado», y añade que esta circunstancia, «carente de rigor y mesura, supone una ligereza en la interpretación de su actividad profesional». El Colegio manifiesta su deseo de que «se eviten este tipo de acusaciones infundadas, que dañan innecesariamente el prestigio de los colegiados» veterinarios. No obstante, subraya que «velará, en todo momento, porque la actividad profesional de sus colegiados se adecúe a la legalidad, ejerciendo la potestad disciplinaria cuando la ética profesional esté cuestionada». Por su parte, Matías Llorente reiteró ayer que puede «demostrar que los novillos de menos de 200 kilos no han sido destruidos» en la empresa de recogida de cadáveres de animales Rebisa, aunque aclaró que «un veterinario o un funcionario no se moja en cogerlos». El secretario general de UGAL-UPA indicó que él no ha acusado a nadie», al tiempo que sostuvo que «esos novillos no están destruidos en ningún sitio y pueden estar donde menos lo esperemos». Llorente argumentó que en «Rebisa se han destruido 73 animales, pero todos vimos imágenes en los medios de comunicación de cómo se abaten también los novillos». Apoyo de Carriedo «No he acusado a ningún veterinario, ni funcionario, sino que pido a la Junta que justifique donde están esos novillos», dijo Llorente, quien recordó que, en el lugar donde fueron las reses abatidas, «había mucha más gente que sabe donde cae el novillo y, después de que se marchan los veterinarios, los cogen y van a parar a los arcones», y criticó que Tragsa haya cobrado 180.303 euros. La Junta mostró ayer su «apoyo claro» a los funcionarios que intervinieron en la cacería. «Estamos orgullosos del trabajo de nuestros funcionarios», dijo el portavoz, Fernández Carriedo. Desde el PSOE anunciaron que llevarán a la Fiscalía el caso.