Diario de León

El sindicato sospecha que la maniobra busca privatizar la entidad y lamenta que el PSOE la tolere

UGT llevará al juzgado el bloqueo del convenio de la Mancomunidad

La Federación de Servicios Públicos (FSP) del sindicato UGT en el Bierzo está dispuesta a denunciar a la dirección de la Mancomunidad de Municipios

El secretario comarcal de FSP-UGT, Jesús Carballo, en primer término, ayer en la sede del sindicato

El secretario comarcal de FSP-UGT, Jesús Carballo, en primer término, ayer en la sede del sindicato

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C. F. C. Redacción - PONFERRADA.
Ponferrada

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El secretario comarcal de FSP-UGT, Jesús Carballo, tuvo ayer palabras duras contra el equipo de gobierno de la Mancomunidad y quienes lo apoyan. «Es mezquino y cobarde que no respeten los acuerdos, ni su propia firma, ni su palabra», manifestó en rueda de prensa. Carballo expresó abiertamente su temor a que la negativa a aprobar en pleno el convenio laboral firmado, entre otros por el presidente Víctor Arroyo, el alcalde de Carracedelo, Raúl Valcarce (PP) y el regidor de Camponaraya, Antonio Canedo (PSOE), obedezca a la intención de privatizar la gestión de la entidad. «Algo se está cociendo, se está hablando ya de privatizar la Mancomunidad», advirtió. UGT no ve otra vía que los tribunales para obligar al equipo de gobierno a cumplir lo pactado y firmado. «No nos queda más que ir al juzgado», aseguró Carballo. Y así lo hará el sindicato en cuanto su asesoría jurídica termine de analizar el incumplimiento del acuerdo. El responsable de FSP-UGT lamentó que el PSOE esté dando cobertura a las «barbaridades» que se estarían cometiendo en la Mancomunidad. «El PSOE tiene una enorme responsabilidad en todo esto, porque tiene mayoría y consiente actuar al PP», se quejó. Carballo explicó que, oficialmente, el principal motivo que aduce el equipo de gobierno de la Mancomunidad es su interés en dejar fuera de las condiciones que estipula el convenio al encargado y al capataz del organismo, cuando al comienzo de la negociación se había empeñado en incluirlos legalizando sus sobresueldos. «Las remuneraciones pactadas deben ser para todos. Si ellos (el equipo de gobierno) quieren pagar extras a determinados trabajadores es su problema, pero está fuera de lugar legalizarlo en un convenio», argumentó.

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