Toreno gana un pleito a Fenosa para paralizar un transformador molesto

La compañía eléctrica Unión Fenosa no tendrá más remedio que desconectar un transformador eléctrico instalado en un edificio de Toreno, después de perder un pleito contra el Ayuntamiento, que decidió denegarle la licencia de obras haciéndose eco del malestar vecinal por los ruidos y la contaminación electromagnética. La sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso número uno de León desestimando el recurso de Fenosa contra la denegación de la licencia sienta un peligroso precedente para la compañía, que tiene cientos de transformados como el de Toreno instalados en otras poblaciones y está dispuesta a recurrir ante instancias superiores para evitar un efecto dominó. El Ayuntamiento de Toreno, por su parte, solicitará ahora al juez que emita un auto que le permita paralizar el transformador, de acuerdo con la filosofía del fallo judicial. Fenosa había fundamentado su recurso en la autorización obtenida de la Junta de Castilla y León y en la concesión, meses antes, de una licencia de obras para la canalización de media y baja tensión del transformador. Fenosa entendía que no era necesario pedir un nuevo permiso para el centro transformador, ni una licencia de apertura y actividad. Las quejas vecinales por las molestias de la instalación en funcionamiento, sin embargo, llevaron al Ayuntamiento a requerir a Fenosa que solicitara una nueva licencia para el transformador, a la vez que ordenaba la paralización del centro. Fenosa incumplió la orden -un transformador de menor potencia sigue funcionando en la actualidad- y cuando solicitó permiso para el montaje de una línea de media tensión vio como la Comisión municipal de Gobierno se la denegaba por dos veces, decisión que recurrió judicialmente. El juez considera que la conducta del Ayuntamiento «ha sido jurídicamente correcta» y resalta en su fallo que Fenosa esta obligada a obtener una licencia de actividad para su transformador, al tratarse de una materia incluida en la Ley de Actividades Clasificadas de Castilla y León por el riesgo de ocasionar molestias o alterar las condiciones de salubridad, y sobre la que ya hay sentencias en la misma línea del Tribunal Supremo. «El hecho de que se preste un servicio público (...) y se hayan obtenido las autorizaciones de la Comunidad Autónoma, no exime de la obligación de respetar la ordenación», asegura.