Condenan a Araújo y a la Junta a indemnizar con 339.000 euros a Canteras

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada ha condenado al que fuera jefe de la Sección Comarcal de Minas del Bierzo, Félix Sánchez Araujo, y a la Junta de Castilla y León como responsable civil subsidiaria, a indemnizar a la empresa Canteras y Concretos S.L. con 339.351 euros, por los perjuicios que le ocasionó el cierre administrativo de la explotación «Cristina 345», en Otero de Villadecanes (Toral de los Vados), durante los ocho meses comprendidos entre febrero y octubre de 1993, y los siete meses que van desde mediados de abril a mediados de noviembre de 1996. El 30 de noviembre de 2002 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de León revocó parcialmente la sentencia del Juzgado ponferradino de 14 de febrero del mismo año, declarando extinguida la posible responsabilidad criminal como autor de un delito de cohecho de Antonio Merino García, representante legal en aquella fecha de las empresas Canteras del Noroeste S.A. (Cadesa) y Canteras Industriales del Bierzo S.A. (Catisa), ambas pertenecientes al grupo Martínez Núñez. Según recoge Diario del Bierzo digital, el Tribunal, a diferencia de la valoración efectuada por el juez de lo Penal, entendió que concurrían los elementos jurídicos suficientes para declarar prescrito dicho delito y la responsabilidad criminal del acusado. En el caso sí ha quedado probado que a finales de 1990 Félix Sánchez Araujo, jefe de la Sección Comarcal de Minas del Bierzo del Servicio Territorial de Economía de la Junta, atravesaba una difícil situación económica. Por esta razón se dirigió a Antonio Merino, «con quien mantenía relación de amistad y que a la sazón era representante legal» de Cadesa y Ca, para solicitarle ayuda económica que le permitiera salir de su situación. En noviembre de 1990, Merino García, como representante legal de Catisa, hizo entrega a Araujo de 5 millones de pesetas, suscribiendo ambos un documento en el que se hacía constar que la entrega del dinero lo era en concepto de préstamo, -Tanto en la primera sentencia del Juzgado de lo Penal de Ponferrada, como la hecha pública por la Audiencia Provincial, se pone de manifiesto que no se pudo acreditar la devolución de los préstamos. A cambio de dicha transmisión económica, Sánchez Araujo, en su condición funcionarial de jefe de la Sección de Minas, desarrolló una actividad administrativa «dirigida a favorecer a la empresa Cadesa en relación con la cantera Cristina nº 345... pues dicha entidad mercantil, al igual que Catisa, tenían como actividad la elaboración de áridos para la construcción».