La coalición presenta en Ponferrada sus tesis para la nueva Ley de Actuación en Zonas Mineras
IU propone que la nueva ley minera recorte las ayudas a las empresas
La coalición pide que las cuencas reciban en los próximos cuatro años 198 millones de euros
Los responsables regionales de Izquierda Unida (IU) presentaron ayer en Ponferrada su propuesta para la nueva Ley de Actuación en las Comarcas Mineras que se desarrollará a partir del próximo año hasta el 2007. En primer lugar, la coalición entiende que deben incrementarse de manera muy significativa los fondos destinados a esta iniciativa. Así, frente a los 35 millones de euros de inversión que ha adelantado la Administración, IU reclama que se destinen a las cuencas mineras algo más de 198 millones de euros; unos 33.000 millones de pesetas. Básicamente, la propuesta de IU establece el recorte de las ayudas que hasta la fecha se están dando a las empresas mineras y desviar esas cantidades a la creación de empleo estable en los municipios mineros y a la mejora de sus infraestructuras. «Mantenemos unas ayudas a los empresarios mucho más limitadas que hasta la fecha, porque hasta ahora se han llevado en torno al 49% de la inversión total y a nosotros nos parece que es una cosa absolutamente desproporcionada», manifestó el coordinador regional, José Luis Conde. IU, además de esta reducción, cree que las empresas deben estar obligadas a cumplir una serie de compromisos a cambio de recibir esas compensaciones. «No entendemos porqué hay que dar subvenciones a empresas que que mantienen unas subcontratas escandalosas y que no cumplen ni con el Plan del Carbón, ni con las normas de seguridad básicas, ni con la normativa de restauración medioambiental», acusó Conde. La propuesta de la coalición reclama también un partida importante para llevar a cabo un plan de ordenación de la pizarra -creen que la minería no energética debe beneficiarse de más de nueve millones de euros- y un incremento significativo de las partidas destinadas al Hábitat Minero; concretamente algo más de 30 millones de euros, conun reparto más equitativo entre los ayuntamientos. La propuesta incluye por último partidas para agricultura, sanidad, educación y cultura.